Santo Domingo.– La Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, se pronunció este lunes respecto al reciente incidente en el municipio de Goya, donde surgió un conflicto entre la Policía Nacional y el alcalde municipal en relación con la extensión de horarios para actividades públicas. Raful dejó en claro que, aunque los cabildos tienen ciertas facultades en sus territorios, el orden público es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional.
“El orden público lo garantiza la Policía Nacional. La Policía es una sola en todo el territorio nacional y tiene la obligación de intervenir donde haya flagrancia o violación a las leyes, como la de contaminación sónica establecida en la Ley 90-19. La intervención de la Policía busca preservar la paz y la convivencia ciudadana”, enfatizó Raful.
La ministra recordó que, aunque los alcaldes tienen competencias definidas por la ley, estas están limitadas al ámbito local. “Tenemos más de 300 alcaldes en el país, pero una sola Policía Nacional. Es la Policía la que, por mandato constitucional y legal, debe mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”, afirmó.
Control del Expendio de Bebidas
Raful también abordó el tema del control del expendio de bebidas alcohólicas y la regulación de la contaminación sónica, destacando que ambas áreas están debidamente reglamentadas y supervisadas por las autoridades.
“Hemos tenido varias reuniones con los representantes de la industria musical y los dueños de negocios que viven de este sector. En la quinta reunión realizada en el Ministerio de Interior y Policía, reiteramos nuestro respeto por las leyes y las resoluciones que regulan la seguridad pública. La contaminación sónica no está permitida, y la ley establece claramente los decibeles autorizados. En casos de flagrancia, la Policía tiene la facultad de actuar para garantizar el orden”, explicó.
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La ministra mencionó que existen zonas de tolerancia donde se permite el uso de altos decibeles, pero estas áreas deben estar ubicadas fuera de zonas habitacionales para no afectar la tranquilidad de los residentes. “La supervisión de estas zonas es una responsabilidad compartida entre las alcaldías, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía. Nos aseguramos de que estas áreas no interfieran con la paz de la ciudadanía”, añadió.
Jóvenes delincuentes entre 18 y 26 años
Durante la rueda de prensa, Raful expresó su preocupación por el creciente protagonismo de los jóvenes en actos delincuenciales, señalando que la mayoría de los crímenes son cometidos por personas entre los 18 y 26 años.
“Esta es una problemática social que trasciende la capacidad de reacción de la policía. No se trata solo de seguridad, sino de un desafío estructural que afecta a toda la sociedad. Hemos convocado a todos los actores en las mesas de gobernanza y seguridad para crear espacios que permitan a nuestros jóvenes salir del ocio y preservar los valores fundamentales. Iniciativas como la ‘Escuela Abierta’ buscan educar y orientar a nuestra juventud para que no caigan en conflictos con la ley ni sean víctimas del microtráfico”, detalló.
A pesar de estos desafíos, la ministra destacó avances significativos en la reducción de la criminalidad. Según los datos presentados, la tasa acumulada de homicidios en el país ha alcanzado un nivel históricamente bajo del 7% hasta el 10 de febrero.
