Santo Domingo.- El entramado que componen los imputados acusados en el caso Calamar, extorsionó durante el pasado gobierno a varios diputados propietarios de bancas de loterías y deportivas.
Así lo confirmaron los legisladores que admitieron ayer que pagaron mensualmente millones de pesos por extorsiones vinculadas al caso Calamar.
En ese sentido, revelaron enfrentaron momentos de mucha dificultad por el alegado esquema que -según el Ministerio Público- se montó desde el Ministerio de Hacienda.
Aunque no quisieron revelar sus nombres como cita el periódico Diario Libre, se conoce que unos nueve diputados son propietarios o forman parte de los consorcios de bancas de loterías y deportivas.
Se recuerda que en la investigación judicial figura el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Goris), quien fue señalado por los delatores del caso como coordinador del esquema de extorsión.
El legislador, propietario de bancas Merengue Sport, lleva varios días sin asistir a las sesiones ordinarias que ha realizado la Cámara de Diputados.
Expediente Calamar
De acuerdo al expediente, el plan comenzó a operar de manera informal a finales de 2016 y se concretizó en marzo de 2017, cuando se inició con el apoyo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y con la participación de los directores de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, así como del encargado de operaciones e inspectores.
Los cobros ilegales estarían a cargo de José Pablo Ortiz, en las bancas de lotería y Ricky Nadal, en las bancas deportivas.
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Los detalles sobre los cobros ilegales hechos a las bancas y colmados están contenidos en la solicitud de medidas de coerción hecha por el Ministerio Público, en contra de 20 imputados, entre los que figuran los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.
