El caso de José Hoepelman refleja una realidad más amplia. Tras recibir dos facturas de más de RD$9,400 en un local vacío, presentó tres reclamaciones. Una fue reconocida, otra rechazada y otra sigue pendiente. La pregunta que surge es evidente: ¿Qué pasa cuando la empresa responde con un “no procede”?
El siguiente paso es acudir a PROTECOM, la oficina de la Superintendencia de Electricidad que funciona como segunda instancia. Pero el camino es cuesta arriba. Aunque el cliente no esté de acuerdo con el cobro, debe abonar un pago parcial equivalente al promedio de sus tres últimas facturas o, si no tiene historial, el 33 % del monto reclamado. Solo así el proceso continúa y el servicio no es suspendido.
Las estadísticas recientes muestran que tampoco ahí el panorama es alentador. En el primer semestre de 2025 se registraron 31,787 reclamos en todo el país. De esos, más de 10,500 fueron contra Edesur, es decir, uno de cada tres. Y lo más preocupante: de las 11,890 decisiones acumuladas sobre esta empresa, seis de cada diez terminaron en “improcedente”.
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Al mismo tiempo, los ingresos de la distribuidora siguen en ascenso. En el Distrito Nacional, por ejemplo, en enero de 2025 se recaudaron RD$2,070 millones; para julio ya eran RD$2,326 millones. San Cristóbal pasó de RD$1,174 a RD$1,335 millones; Baní de RD$284 a RD$322 millones; San Juan de RD$127 a RD$147 millones; y Barahona de RD$174 a RD$195 millones.
En otras palabras, mientras miles de usuarios ven cómo sus reclamos se cierran con un “no procede”, la empresa registra aumentos millonarios en su facturación.
