Santo Domingo.– La directora general del programa Supérate, Mayra Jiménez, afirmó este jueves que la protección social en la República Dominicana debe ser entendida como un derecho fundamental de las familias y una responsabilidad legítima del Estado, durante su intervención en el diálogo encabezado por el presidente Luis Abinader con beneficiarios del programa.
Jiménez enfatizó que los subsidios sociales no deben percibirse como una ayuda o concesión, sino como una garantía basada en la dignidad humana.
“No se trata de un bono ni de una asistencia; se trata del convencimiento de que nuestra gente, especialmente los más humildes, tiene derecho a recibir protección social efectiva por parte de su Gobierno”, expresó.
Durante el encuentro, la funcionaria destacó que cada familia dominicana contribuye al desarrollo del país, tanto de manera directa como indirecta, a través del pago de impuestos que sostienen el funcionamiento del Estado. En ese sentido, dijo que el diálogo busca escuchar a los beneficiarios y evaluar el impacto real de los programas sociales en sus vidas, con miras a fortalecerlos.
Asimismo, Jiménez reveló que el Gobierno ha establecido como meta erradicar la pobreza extrema en el país antes del año 2028, siguiendo instrucciones del mandatario. Indicó que este compromiso incluye la intención de posicionar a la República Dominicana entre las naciones que han logrado eliminar el hambre.
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“Existe una coordinación estrecha entre todas las instituciones del Estado para alcanzar este objetivo. Vamos a redirigir los subsidios hacia quienes más lo necesitan, tal como lo ha instruido el presidente”, puntualizó.
No obstante, la titular de Supérate aclaró que la superación de la pobreza no depende únicamente de las transferencias económicas, sino también del compromiso activo de las familias beneficiarias. En ese sentido, llamó a cumplir con la corresponsabilidad en áreas clave como la educación y la salud, así como a integrarse en programas de formación, empleo y emprendimiento.
Finalmente, reiteró que el propósito del Gobierno es impulsar familias más activas y conscientes de sus derechos, capaces de integrarse al sistema productivo y mejorar su calidad de vida de manera sostenible.
