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Santo Domingo. - Los diputados planean solicitar al Tribunal Constitucional (TC) una ampliación del plazo concedido para corregir los vicios de forma cometidos durante la aprobación de la Ley 10-15, que instruye el Código Procesal Penal.
El vicepresidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados que fue apoderada de la pieza, Mayobanex Martínez, informó que la normativa enviada desde el Senado exige una revisión minuciosa, por lo que el Congreso se verá obligado a gestionar una extensión del plazo, el cual vence la medianoche del jueves 11 de diciembre.
Según explicó Martínez, la solicitud de prórroga constituiría una figura jurídica que les permita disponer de más tiempo para realizar un estudio riguroso y completo de la reforma.
Esta solicitud no tiene precedentes. Juristas coinciden en expresar que el año de gracia otorgado por el Tribunal Constitucional para evitar un vacío normativo fue una medida excepcional y de carácter único, aplicada solo para permitir que el Congreso corrigiera los vicios detectados.
Los especialistas explican que dicho plazo no funciona como un término administrativo sujeto a negociación o modificación, sino como un mandato de estricto cumplimiento emanado de una decisión constitucional. Por lo tanto, no admite flexibilización, interpretación ampliada ni prórroga.
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Destacan, asimismo, que la Constitución dominicana ni la Ley 137-11, que regula los procedimientos del Tribunal Constitucional, contemplan alguna herramienta jurídica que permita al Congreso solicitar una extensión del tiempo concedido.
Finjus propone alternativa
Al ser consultado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus), Servio Tulio Castaños, dijo que podría ser una salida restablecer la modificación al Código Procesal Penal del 2015, con las consideraciones planteadas por el Tribunal Constitucional, como ha sugerido el presidente de la comisión de Justicia, Wandy Batista.
Dado el plazo hasta el 11 de diciembre para aprobar un nuevo código, Castaños valoró que la Cámara de Diputados evalúe alternativas para no acogerse solo a la pieza aprobada por el Senado.
Se recuerda que, en caso de no cumplirse el plazo establecido, volvería a entrar en vigor el Código Procesal Penal aprobado en 2002 y que no responde a la realidad jurídica actual de la República Dominicana.
