Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en única lectura y bajo el procedimiento de urgencia, el proyecto de reforma tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo, convirtiéndolo en ley luego de un rápido tránsito por el Congreso Nacional.
La iniciativa, sometida por el presidente Luis Abinader, fue conocida y sancionada por ambas cámaras legislativas en un período de apenas seis días, marcando uno de los procesos de aprobación más expeditos de los últimos años para una medida de alto impacto económico.
Con la aprobación definitiva en la Cámara de Diputados, la pieza pasa ahora al Poder Ejecutivo, donde el mandatario deberá decidir si la promulga o la observa antes de su entrada en vigencia.
De acuerdo con las proyecciones oficiales, la nueva legislación permitirá incrementar los ingresos fiscales del Estado en alrededor de RD$50,000 millones anuales, recursos que serían destinados a fortalecer las finanzas públicas y respaldar diversas iniciativas contempladas en el Presupuesto General del Estado.
La reforma incluye modificaciones al esquema impositivo vigente y establece nuevas disposiciones que impactarán distintos sectores productivos, empresas y contribuyentes. El Gobierno ha defendido la medida argumentando la necesidad de ampliar la capacidad de recaudación para garantizar la sostenibilidad fiscal y responder a las crecientes demandas de inversión pública.
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Durante los debates legislativos, la propuesta generó opiniones divididas entre los congresistas. Mientras algunos respaldaron la iniciativa por considerarla necesaria para fortalecer las cuentas nacionales, otros expresaron preocupación por el efecto que podría tener sobre determinados sectores económicos y el costo de vida de la población.
La aprobación de la reforma abre ahora una nueva etapa centrada en su eventual promulgación y en la definición de los mecanismos que serán implementados para su aplicación. Asimismo, diversos actores empresariales, sociales y económicos permanecen atentos al alcance de las medidas contempladas en la nueva normativa y a sus posibles repercusiones sobre la actividad económica nacional.
Con esta decisión, el Congreso concluye el proceso legislativo de una de las iniciativas económicas más relevantes del presente año, dejando en manos del Poder Ejecutivo el paso final para su entrada en vigor.
