Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de reconocimiento y autorización de pago de deudas por obras ejecutadas desde 1996, una iniciativa presentada por el senador Franklin Romero, que permitirá al Estado dominicano saldar compromisos pendientes con contratistas por más de 2 mil millones de pesos.
La ley autoriza, de manera excepcional y restrictiva, a las entidades de la administración pública a eximir los procesos de selección establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. El objetivo es reconocer trabajos realizados sin contratos o adendas formales y convertir esos balances en deuda pública interna.
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El reconocimiento incluye obras ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC), el Ministerio de Educación (Minerd), el INAVI, el INDRHI, así como el INAPA, la CPADP, la JCE, la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN). En el caso de la OISOE y el INVI, las obligaciones serán asumidas por su continuador jurídico, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), tras las validaciones dispuestas en la ley.
Oposición cuestiona falta de detalles
Desde la oposición, el diputado Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, criticó que muchas obras no contaban con contratos y advirtió que el proyecto no detalla las fechas de ejecución, los montos a pagar ni el monto final, lo que considera una falencia grave.
El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, coincidió en que el problema no es el pago, sino que el proceso no permitió un análisis detallado de los contratos, cuyo monto pasó de los 300 millones iniciales a cerca de 2,000 millones.
“Lo razonable era pedir tiempo para estudiar el proyecto. Después de tantos años, esperar 40 días más no era un problema. Esto es absolutamente injustificable”, afirmó.
Oficialismo defiende continuidad del Estado
La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Soraya Suárez, defendió el proyecto como un acto de continuidad del Estado y de justicia hacia los contratistas que invirtieron recursos sin recibir pago durante más de dos décadas.
“Algunos contratistas incluso han fallecido esperando que el Estado les pague. Las obras están verificadas y verificables, y este proyecto busca dar soluciones reales”, dijo.
CODIA celebra aprobación
El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Enrique Rosario, calificó la aprobación como un acto de justicia histórica, destacando que los listados de obras, fechas y condiciones están documentados.
“Estamos hablando de instituciones y empresas que lo dieron todo por el Estado dominicano. Esta ley viene a saldar una deuda que supera los 2,000 millones de pesos”, aseguró.
El proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
