Santo Domingo.– El diputado Juan Medina, presidente de la comisión que estudió la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), criticó al sector empresarial por su oposición a las modificaciones a la Ley General de Residuos Sólidos, afirmando que su negativa no solo afecta al Gobierno, sino a toda la nación.
Medina calificó de “boicot total” la actitud del empresariado frente a proyectos clave como la reforma fiscal, el nuevo Código Penal, la reforma laboral y la propia ley de desechos sólidos.
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“Ellos quieren ser los congresistas”, dijo, al tiempo que recordó que los legisladores provienen del pueblo y legislan para él.
“El pueblo necesita la ley de desechos sólidos, señores. Nadie quiere basura frente a su casa. Esto solo se resuelve con dinero y voluntad”, expresó Medina, tras señalar que grandes empresas que generan miles de millones de pesos en ingresos se niegan a pagar una tarifa que consideró mínima para la gestión de residuos.
El legislador también rechazó que la nueva normativa represente un monopolio, como han argumentado algunos sectores empresariales.
“Todo el que pone un negocio espera que sea rentable. Lo que pasa es que los que se oponen ahora no creyeron en este sector cuando comenzó, y hoy que ven resultados, quieren deslegitimarlo”, expresó.
Medina también expresó su preocupación de que, pese a estos consensos, los empresarios insistan en intervenir en todos los procesos legislativos.
“Lo único que quieren de la ley laboral es que le quiten la cesantía, y ¿quiénes son los de la cesantía? Los jodidos. Todos los jodidos vivimos por la cesantía”, concluyó.
El congresista finalizó su intervención con un llamado al empresariado a “pensar menos en sus bolsillos llenos y más en los de abajo, que están completamente vacíos”.
Las declaraciones del diputado llegan un día después de que el presidente Luis Abinader afirmara, durante La Semanal, que observará las modificaciones a la Ley 225-20 una vez lleguen oficialmente al Poder Ejecutivo. Abinader sostuvo que atenderá los señalamientos realizados por entidades como Pro-Competencia y representantes del sector privado, y que reenviará la ley al Congreso con las observaciones correspondientes.
