Samaná.– Residentes de Palmar Nuevo, provincia Samaná, acudieron este martes a De Último Minuto para denunciar públicamente un caso de agresión armada, amenazas y presunto despojo ilegal de terrenos, en el que involucran al señor José Miguel Brito, alias Kunchi, y, según alegan, al general Miguel Mata Rodríguez, director regional de la Policía en el noroeste.
Darío Aquino Santana, una de las víctimas, relató que hace dos meses fue herido de bala en el pie por Brito, luego de un conflicto generado por una disputa de tierras.
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“Él alega que ese terreno es suyo, pero no tiene documentos. Nosotros tenemos cartas de palero desde 1976 y vivimos allí hace más de 50 años. Solo le dije que el terreno no era de él y me disparó”, narró Aquino, asegurando que en el momento del ataque Brito estaba acompañado por otros dos hombres armados.
A pesar de haber presentado una denuncia formal, Aquino afirma que la justicia ha actuado con negligencia. La orden de arresto tardó más de un mes en emitirse, y aunque el agresor fue detenido, fue puesto en libertad con una garantía económica mínima. “Ni siquiera revisaron las evidencias. La fiscal solo fijó 100 mil pesos de fianza y ya está en la calle”, dijo indignado.
Otro de los denunciantes, Félix Marcial Manzueta, miembro de una asociación de 63 familias agricultoras y parceleros de la zona, afirmó que están siendo hostigados por Brito y “personas con poder” para ser desalojados. “Nos dicen invasores, pero nacimos ahí. Nuestros padres murieron en esa tierra. No tenemos a dónde ir. Solo queremos que se nos respete nuestro derecho”, expresó, señalando directamente a las autoridades como responsables si algo les sucede.
Los comunitarios aseguran temer por sus vidas y hacen un llamado urgente al presidente Luis Abinader, al Ministerio Público y a los organismos de derechos humanos para que intervengan. “Nos están empujando al límite. Estamos buscando ayuda por la vía pacífica, pero si no nos escuchan, no sabemos qué más hacer. No somos delincuentes, somos trabajadores”, concluyeron.
La comunidad está ubicada en la zona de Guayabal, Boca del Carmen, en el municipio de Sánchez, Samaná, donde, según denuncian, operan redes de poder que impiden la aplicación de justicia en favor de los parceleros históricos.
