Santo Domingo. – Una estela de angustia, impotencia y desesperanza ha dejado el desalojo forzoso de Héctor Dicent Navarro, de 55 años, en el sector Los Frailes I, Tropical del Este, en Santo Domingo Este, quien denuncia que su vivienda fue destruida sin previo aviso y con uso excesivo de la fuerza.
Según su testimonio, el hecho ocurrió a las 5:00 de la madrugada del 8 de noviembre de 2019, cuando camiones, policías y maquinarias pesadas irrumpieron en el lugar. “Estaba acostado con mis hijos y mi esposa embarazada. Cuando me levanto, la policía ya estaba en el patio. Me dijeron: ‘Levántese, esto es un desalojo’. Nos sacaron cargados, sin explicaciones. Nunca olvidaré ese momento”, narró con voz quebrada.
Dicent asegura que el documento de desalojo presentado por el alguacil Gustavo Adolfo Tapia Mendoza tenía un nombre y una dirección distinta a la suya. Por esta razón, interpuso una denuncia contra el ministerial, alegando que se trató de un embargo irregular basado en información falsa y en un documento con inconsistencias legales.
“El papel decía que el desalojo era en Los Corales del Sur, calle número 36, pero yo vivo en Tropical del Este, calle número 34. Ni siquiera me notificaron. Y lo peor: la persona en cuyo nombre se emitió la orden tiene más de 30 años de fallecida”, explicó.
Héctor ha vivido en ese terreno por más de 45 años. En los documentos que presentó constan títulos de propiedad, un contrato de compraventa y un poder notarial amplio firmado en noviembre de 2024 por su hermana, Ynes Dicent de Bush, autorizándolo a actuar legalmente en nombre de ella respecto al inmueble.
Tras perder su hogar, su situación económica se deterioró aún más. Hoy vive alquilado, paga 7 mil pesos mensuales con un sueldo de 15 mil, y debe trabajar horas extra en una fritura para poder alimentar a su familia. “Yo no quiero lujos. Solo quiero un techo digno para mis hijos, que no se repita lo que nos hicieron”, dijo con tristeza.
Lo más doloroso, según narra, es que la propiedad fue reconstruida y actualmente estaría ocupada por un sobrino de la persona que ordenó el desalojo. “Él está acostumbrado a hacer eso. Y ahora hay otro viviendo en lo que me costó décadas construir.”
Héctor Dicent clama justicia y pide la intervención de las autoridades. Afirma que no descansará hasta que se reconozcan sus derechos. “No tengo miedo, porque estoy en lo legal. Pero no es justo que un ciudadano común tenga que luchar tantos años por algo que era suyo”, finalizó.
Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de revisar los procedimientos de desalojo en la República Dominicana, especialmente aquellos que afectan a familias vulnerables. Casos como el de Héctor claman por procesos más humanos, transparentes y respetuosos de la dignidad de las personas.
