Santo Domingo.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, desmintió las afirmaciones de la abogada de Gonzalo Castillo, quien solicitó la anulación de la acusación contra su cliente, alegando que fue presentada fuera del plazo establecido.
La procuradora Ortiz aseguró que el Ministerio Público presentó la acusación de manera oportuna y calificó la solicitud de la defensa como un intento para “evadir el proceso”. Rechazó las declaraciones de la abogada Laura Acosta, a quien acusó de realizar “pataleos” con el objetivo de impedir el avance del juicio contra el exministro de Obras Públicas y compartes, señalados como parte del entramado corrupto desmantelado en la Operación Calamar, que habría estafado al Estado con más de RD$19 mil millones.
“Si realmente se hubiera depositado fuera del plazo, el Cuarto Juzgado de Instrucción no estaría apoderado del caso, pues la Coordinación de los Juzgados de Instrucción es la encargada de apoderar conforme el cumplimiento de los mismos”, explicó la procuradora.
Ortiz subrayó que el proceso no ha avanzado debido a los obstáculos presentados por las defensas. “El Ministerio Público ha estado listo desde el primer día para iniciar la audiencia preliminar. Sin embargo, en la audiencia pasada, la defensa de Gonzalo Castillo, que rehúye al conocimiento de esta acusación, presentó un incidente infundado para buscar la nulidad de la acusación. Este incidente demuestra el miedo que tienen a que el proceso inicie, pues no tendrán con qué responder a las pruebas contundentes que el Ministerio Público tiene contra los acusados”, afirmó.
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La procuradora también resaltó que el tribunal fue debidamente apoderado, ya que la secretaria recibió, selló y entregó el expediente conforme al procedimiento establecido. “El 11 de abril, fecha para la que fue recesada la audiencia, estaremos nuevamente listos para dar continuidad al proceso”, concluyó Ortiz.
Sobre el caso
En el expediente de la Operación Calamar, el órgano persecutor acusa al grupo de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes, mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos para financiar la campaña política del 2020.
Entre los acusados en el entramado de corrupción figuran, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, exministro administrativo de la Presidencia y exministro de Hacienda, respectivamente, así como Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas.
También se encuentran implicados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
