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Santo Domingo.- Varios diputados reaccionaron este lunes de forma negativa al llamado de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), que durante su 63ª Asamblea Plenaria pidió a la Dirección General de Migración (DGM) que las salas médicas del país no se conviertan en puntos de control migratorio, en medio del endurecimiento de las medidas del Gobierno contra la migración irregular.
En su comunicado, los obispos expresaron: “Pedimos encarecidamente a la Dirección General de Migración que nuestras salas médicas no se conviertan en puntos de control migratorio y, más aún, que no se produzcan situaciones dolorosas que contradigan el Evangelio de la caridad. Al contrario, que se persiga y sancione a los que trafican con inmigrantes irregulares, sean de la nación que sean”.
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Ante estas declaraciones, el diputado Aníbal Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consideró que el alto clero dominicano debe reflexionar y revisar su postura, al considerar que no comprenden la presión que enfrenta el pueblo dominicano debido al flujo migratorio haitiano. A su juicio, “la empatía de la Iglesia debería estar dirigida hacia el pueblo dominicano”.
De su lado, el diputado Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), también se mostró en desacuerdo con el planteamiento de la Iglesia. Afirmó que uno de los problemas que enfrenta el país es la alta cantidad de mujeres migrantes que dan a luz en hospitales públicos, aunque reconoció que los agentes migratorios deben actuar conforme a la ley y el respeto a los derechos humanos.
En contraste, el diputado José Alberto Jiménez, de la Fuerza del Pueblo (FP), respaldó el pronunciamiento del Episcopado, señalando que “todo lo que busque proteger el trato humano y respetar la dignidad de las personas está bien hecho”. Agregó que la crisis hospitalaria va más allá del fenómeno migratorio, y responde también al abandono del sistema de salud y al deterioro en la calidad de los servicios.
El diputado Pedro Martínez, de Alianza País (ALPAIS), también apoyó el llamado de la Iglesia, señalando que este se alinea con la postura del Papa sobre la protección a los migrantes. Afirmó que, si bien el Estado tiene derecho a aplicar políticas migratorias, estas no deben derivar en violaciones a los derechos humanos ni criminalizar la atención médica.
