Santo Domingo, R.D. – Con un presupuesto que ronda los RD$2,500 millones, el Senado de la República Dominicana tiene como funciones principales legislar, representar y fiscalizar. Sin embargo, más allá de su labor parlamentaria, una nueva investigación pone bajo escrutinio el notable incremento patrimonial de varios senadores durante su permanencia en el cargo.
El informe, publicado por Bajo el Foco, expone cifras que generan inquietud en la opinión pública. Entre los casos más llamativos se encuentra el del senador Alexis Victoria Yeb (PRM - María Trinidad Sánchez), quien pasó de declarar RD$861 millones en 2020 a RD$3,690 millones en 2024. Un incremento de más de RD$2,800 millones en un solo período legislativo.
Otros senadores también presentan aumentos significativos en sus fortunas personales:
- Cristóbal Castillo (PRM - Hato Mayor): de RD$336 millones a RD$752 millones.
- Pedro Catrain (PRM - Samaná): de RD$179 millones a RD$417 millones.
- Eduard Espiritusanto (FP - La Romana): de RD$400 millones a RD$962 millones.
Este fenómeno se da pese a que el salario base de un senador ronda los RD$320,000 mensuales, complementado con otros beneficios que elevan el ingreso total anual a unos RD$5.7 millones. A ese ritmo, un legislador tardaría más de 250 años en acumular mil millones de pesos sin gastar un solo centavo.
Además del Senado, la Cámara de Diputados también muestra casos similares. Al menos 19 legisladores reportan patrimonios superiores a RD$70 millones. El diputado Juan Carlos Echavarría Milané (PLD - Santo Domingo) encabeza la lista con RD$393 millones, seguido por Jorge Hugo Cavoli y Nicolás Hidalgo Almánzar (ambos del PRM), con RD$253 y RD$243 millones respectivamente.
La situación se vuelve más compleja al comparar estas cifras con las declaraciones juradas de altos funcionarios del Poder Ejecutivo. Mientras ministros como Limber Cruz (Agricultura) o José Manuel Vicente (Hacienda) reportan entre RD$400 y RD$800 millones, algunos senadores los superan con facilidad. Es el caso de Carlos Manuel Gómez Ureña (PRM - Espaillat), quien declara una fortuna de RD$9,940 millones, derivada de inversiones en telecomunicaciones, bienes raíces, farmacéutica y tecnología, tanto a nivel nacional como internacional.
La Ley 311-14 obliga a todos los funcionarios a declarar sus bienes al asumir y dejar el cargo, pero también establece la verificación y auditoría de las variaciones patrimoniales. Esta responsabilidad recae sobre la Cámara de Cuentas, que hasta la fecha tiene varios procesos pendientes.
