Santo Domingo.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su presidente, Manuel María Mercedes, declaró este martes su firme disposición de enfrentar cualquier intento de ocupación ilegal de terrenos en el país, sin importar el poder económico o la influencia de quienes estén detrás de estas acciones.
Mercedes hizo la advertencia durante una visita a la parcela 21-C-2 del Proyecto Orquídea, ubicada en Santo Domingo Este, propiedad del ciudadano Juan Rivera Cordero, quien mantiene una batalla judicial desde 2017 contra la empresa Docar y su principal ejecutivo, Jangle Vásquez Rodríguez, a quienes acusa de ejecutar acciones irregulares con el objetivo de despojarlo de sus terrenos.
El dirigente de derechos humanos denunció que, sin autorización legal ni títulos que lo respalden, la empresa inició la construcción de una obra en la propiedad, desafiando abiertamente las disposiciones municipales.
“Pese a que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este impuso un impedimento formal para detener la construcción, los responsables retiraron incluso el letrero oficial de prohibición colocado por el cabildo, en un claro acto de irrespeto a la autoridad”, afirmó Mercedes.
Mercedes informó que la CNDH solicitó la intervención urgente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), institución que certificó la titularidad de los terrenos a nombre de Rivera Cordero. La solicitud fue presentada el pasado viernes al director ejecutivo del CEA, Rafael Burgos Gómez, para que actúe con celeridad ante lo que calificó como un intento de fraude.
“Hacemos un llamado al CEA para que intervenga antes de que este caso derive en un conflicto mayor. Rivera Cordero ha sido propietario legítimo por más de treinta años, con documentos y certificaciones legales que lo avalan. No podemos permitir que se imponga la fuerza por encima del derecho”, indicó.
Mercedes también señaló que el único “aval” de los ocupantes ha sido una red de corrupción que ha comenzado a ser desmantelada por la actual gestión del CEA.
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El presidente de la comisión reafirmó que la organización utilizará todas las vías legales y constitucionales para proteger los derechos de Rivera Cordero.
“Nos defenderemos en el terreno que ellos han elegido, porque la ley y la justicia no pueden estar subordinadas a intereses particulares. La propiedad privada es un derecho fundamental que debe ser respetado”, enfatizó.
Destacó que el propio presidente de la República, Luis Abinader, emitió en marzo de este mismo año el Poder Especial 36-25, ordenando al director del CEA formalizar la transferencia a Rivera.
Finalmente, Mercedes instó a las autoridades judiciales y administrativas a actuar con firmeza para garantizar que este conflicto se resuelva conforme a la ley, y advirtió que la organización que preside se mantendrá en vigilancia permanente hasta que exista una decisión irrevocablemente juzgada.
