Santo Domingo. – En demanda por inejecución de una sentencia de amparo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), informó este martes que sometió al director de la Policía Nacional ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante la solicitud No. 2024-R0436038, expediente No. 2023-0128572, demandando en liquidación de astreintes por desacato a un tribunal de la República, que obliga al CARD a continuar exigiendo en cualquier terreno el respeto a la institucionalidad.
Durante una rueda de prensa, el presidente del gremio, Trajano Vidal Potentini, manifestó que han hecho todo lo institucionalmente posible, incluyendo varias sentencias del Tribunal Superior Administrativo, amén de las sucesivas y reiteradas resoluciones de la Comisión Nacional Electoral del CARD a favor de Potentini, desde diciembre hasta la fecha, sin que hasta el momento se haya logrado que los poderes públicos garanticen y hagan prevalecer el imperio de la ley y la buena gestión administrativa.
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Igualmente, Potentini deploró el secuestro de las instalaciones y de los recursos del gremio, con los locales cerrados y las cuentas bancarias y fuentes de ingresos embargadas, haciendo imposible y precario los servicios y funcionamiento del colegio, en detrimento de la clase jurídica.
Potentini pide mediación de Abinader
“No solamente le pedimos al presidente de la República, sino también presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la Procuradora General de la República, y por qué no, a la clase jurídica en su conjunto los gremialistas de que hagamos votos para que podamos como un solo hombre, unificarnos alrededor de la necesidad que hoy por hoy supone un Colegio de Abogados como fundamento de todo el ejercicio profesional del derecho en la República Dominicana”, dijo el jurista.
De manera especial le pedimos al presidente Abinader su mediación para el retiro de la Policía Nacional de los locales del CARD, y las correspondientes garantías de seguridad para la institución, también el liberar los recursos de la institución, de lo contrario estaríamos ante la inminencia de un desastre institucional, perdiendo las propiedades dadas en garantías por préstamos hipotecarios, afectando los contratos de telecomunicaciones y servicios públicos, la ausencia de seguridad social, en fin el cierre definitivo, el descalabro y ruina total del Colegio de Abogados.
