Santo Domingo, RD. – La Contraloría General de la República (CGR) realizó un encuentro con su cuerpo técnico de auditores, directores y encargados para analizar el impacto del nuevo Código Penal dominicano y la Ley de Compras y Contrataciones Públicas en los procesos de control interno y fiscalización del Estado.
El evento, celebrado este 11 de octubre en Santo Domingo, contó con la participación de figuras clave del sistema institucional, entre ellas la procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, el analista legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Alfredo Bueno, y el contralor general de la República, Félix Santana García.
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Nuevas herramientas para combatir irregularidades
Durante su intervención, el contralor Félix Santana destacó que las nuevas normativas legales fortalecen el ejercicio de la función pública, dotando a los auditores del Estado de mayores herramientas jurídicas y respaldo institucional.
“Cuando el Estado se fortalece jurídicamente, el auditor adquiere más herramientas, más respaldo y más legitimidad para ejercer su labor con objetividad y autoridad moral”, afirmó Santana.
El contralor señaló que este tipo de capacitaciones busca anticipar riesgos, detectar desviaciones antes de que se conviertan en faltas graves y promover buenas prácticas administrativas. “El auditor debe ser un agente de legalidad, un orientador técnico y un guardián preventivo de las instituciones públicas”, subrayó.
Una visión de largo plazo
Según Santana, tanto el nuevo Código Penal como la Ley de Compras y Contrataciones Públicas no son medidas aisladas, sino parte de una visión institucional de largo plazo para construir un Estado más ético, justo y transparente. Añadió que los auditores de las Unidades de Auditoría Interna son la primera línea de defensa del patrimonio público.
La jornada también abordó las recientes resoluciones de la Contraloría en áreas como gestión de inventarios, activos fijos, ingresos públicos y fondos de caja chica.
Nueva ley, nuevos delitos
Por su parte, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso expuso sobre el nuevo catálogo de delitos incluidos en ambas normativas, destacando que se han introducido 27 nuevos tipos penales o reforzados. Enfatizó la necesidad de que los servidores públicos comprendan a fondo el marco legal para poder preservar el patrimonio estatal.
“Ustedes son el control interno”, recordó Reynoso a los servidores presentes, resaltando su rol como guardianes del patrimonio público. “Ese patrimonio no es solo del Estado, es de todos nosotros como ciudadanos”, puntualizó.
Desde la Dirección General de Contrataciones Públicas, Alfredo Bueno señaló que la nueva ley incorpora sanciones más severas contra ilícitos como la falsedad de documentos, con más de 200 casos ya detectados.
Reforma legal histórica
El encuentro ocurre a solo meses de la promulgación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal dominicano, aprobado en agosto de 2025 y con entrada en vigencia en agosto de 2026. Esta reforma reemplaza al régimen anterior, vigente desde 1884, y representa un avance significativo en materia de justicia penal y administrativa.
Tanto la Contraloría como el Ministerio Público coincidieron en que la correcta aplicación de estas leyes será clave para prevenir la corrupción, mejorar la gestión pública y garantizar una administración estatal más eficiente, justa y alineada con los principios de legalidad y transparencia.
