Barahona.– Organizaciones comunitarias y ambientales de la región Sur exigieron al Gobierno detener lo que califican como una explotación ilegal de agregados en ríos y zonas montañosas de varias provincias, al tiempo que convocaron una marcha para el próximo domingo en Barahona en defensa de los recursos naturales.
El reclamo fue realizado por el dirigente comunitario y ambientalista Domingo Félix, quien, en representación de diversas entidades defensoras del medio ambiente, denunció una presunta situación de emergencia ambiental provocada por la extracción indiscriminada de materiales para la construcción en distintos puntos del Sur del país.
Bajo la consigna “¡Agua sí, grancera no!”, Félix afirmó que estas actividades estarían afectando importantes fuentes hídricas, así como ecosistemas ubicados en Barahona y otras provincias de la región.
Durante sus declaraciones, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que ordene el cese de las exportaciones de agregados provenientes de comunidades de Azua y Peravia, además de la paralización de operaciones extractivas en zonas específicas que, según denunció, están causando daños ambientales.
El activista anunció una manifestación pacífica para el próximo domingo, advirtiendo que las comunidades continuarán desarrollando acciones de protesta si las autoridades no adoptan medidas para enfrentar la problemática.
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Asimismo, señaló que uno de los principales puntos de preocupación es el tránsito constante de camiones cargados de materiales hacia el puerto de Barahona, situación que, según sostuvo, afecta la infraestructura vial y podría tener consecuencias sobre las fuentes de agua de la región.
Félix también solicitó a las autoridades investigar presuntas irregularidades relacionadas con la operación de una grancera ubicada en la zona de El Cobo, alegando posibles incumplimientos de las normativas ambientales y mineras vigentes.
Las organizaciones comunitarias reiteraron su llamado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que intervenga en la situación y garantice la protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de la región Sur.
Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido una posición oficial sobre las denuncias presentadas por los grupos ambientalistas.
