Protestaron frente al Congreso en demanda de un marco regulatorio para prevenir desalojos arbitrarios
Santo Domingo.- Comunitarios de al menos 11 sectores del Gran Santo Domingo, junto a organizaciones sociales, marcharon este martes desde el Congreso Nacional hasta la Oficina del Abogado del Estado para exigir el fin de los desalojos forzosos y la creación de medidas legales que aseguren la estabilidad habitacional de miles de familias afectadas en los últimos años.
Con pancartas y consignas, moradores de La Mina en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo en el Distrito Nacional; El Carril en Bajos de Haina; Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente en Boca Chica, entre otros, denunciaron haber enfrentado desalojos y amenazas de expulsión a pesar de vivir por décadas en terrenos donde el propio Estado ha instalado servicios básicos e infraestructura.
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“Los desalojos forzosos masivos desde 2021 han dejado a cientos de familias en extrema vulnerabilidad, profundizando la pobreza y aumentando el déficit habitacional del país. Esta lógica neoliberal convierte la vivienda en un producto, mientras el Estado incumple su obligación de garantizar este derecho fundamental”, expresó Sócrates Peguero, coordinador de la Red Urbana Popular y representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano.
Las familias recordaron que estos desalojos vulneran derechos establecidos en la Constitución. “El derecho a una vivienda digna está consagrado en el artículo 59, y cualquier procedimiento debe respetar el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. Además, la Ley 107-13 exige que toda actuación estatal esté debidamente motivada y se notifique conforme a la ley”, sostuvo Mercedes de Jesús, líder comunitaria de Nueva Jerusalén.
Santos Mota de la Comisión de Vivienda y Habitad de Foro Ciudadano, denunció además, que desde la Oficina de Abogados del Estado están emitiendo órdenes de desalojo sin el debido proceso e hicieron un llamado para que den curso desde el Congreso al proyecto sometido por el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras para declarar de utilidad pública esos sectores.
Las comunidades insistieron en la urgencia de crear un marco normativo que establezca reglas claras para prevenir desalojos arbitrarios, garantice la notificación formal a cada familia afectada y obligue al Estado a ofrecer alternativas habitacionales para casos de vulnerabilidad.
