Santo Domingo.– La propuesta de construir un centro penitenciario en la isla Beata fue considerada contraria a la Constitución por el equipo técnico de la Cámara de Diputados, según un informe de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa (Ofitrel).
La iniciativa había sido presentada por el diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin, con el objetivo de exhortar al presidente Luis Abinader a utilizar ese territorio como sede de una nueva cárcel que permitiera mitigar el hacinamiento en el sistema penitenciario nacional.
Sin embargo, el análisis técnico determinó que levantar una infraestructura de este tipo en la isla Beata violaría el artículo 16 de la Constitución, el cual establece la protección de las áreas protegidas y dispone que sus límites solo pueden ser modificados mediante una ley aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras legislativas.
La isla Beata forma parte del Parque Nacional Jaragua, una de las principales reservas naturales del país, ubicada en la provincia Pedernales, lo que refuerza las restricciones legales para su intervención.
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Ante esta situación, la comisión permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Jesús Manuel Sánchez Martínez, acogió las observaciones de Ofitrel y decidió mantener la propuesta de construir un nuevo centro penitenciario, pero eliminando la posibilidad de que sea levantado en ese territorio protegido.
La pieza legislativa, conocida el pasado 24 de marzo, se limita ahora a exhortar al Poder Ejecutivo y al sistema judicial a desarrollar un recinto con capacidad para albergar hasta 10,000 internos, como parte de los esfuerzos para enfrentar la crisis carcelaria.
De acuerdo con el informe de la comisión, el sistema penitenciario dominicano enfrenta un grave problema de sobrepoblación. Actualmente, alberga unos 27,200 privados de libertad, distribuidos en distintos centros que fueron diseñados para una capacidad mucho menor.
En ese sentido, los recintos presentan un excedente de 11,800 internos por encima de su capacidad instalada, lo que equivale a una tasa de hacinamiento superior al 250 %, situación que, según los legisladores, se ve agravada por el aumento sostenido de la criminalidad en el país.
Ante este panorama, las autoridades consideran urgente la construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias, así como la implementación de un sistema más eficiente que permita clasificar y manejar adecuadamente a la población reclusa.
