Santiago.- Representantes de más de 70 comunidades enclavadas en la Cordillera Septentrional se declararon este sábado en lucha permanente contra un supuesto proyecto del Ministerio de Energía y Minas que, según denuncian, contempla intervenir más de 142 mil tareas en una zona de alta producción agrícola y de gran valor ambiental.
Los dirigentes comunitarios aseguran que la iniciativa oficial afectaría directamente la seguridad alimentaria regional, así como importantes fuentes hídricas y bosques considerados reservas ecológicas del Cibao.
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Durante una rueda de prensa celebrada en el club Mambuiche de Gurabo, el sacerdote Ramón Niño Ramos, presidente de la Asociación de Campesinos Defensores y Gestores de la Cordillera Septentrional, calificó como “terrorífica” la presunta intervención y advirtió que miles de familias quedarían en riesgo, al depender su economía de estas tierras fértiles.
El religioso anunció que el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 9:00 de la mañana, más de 500 comunitarios volverán a concentrarse para exigir la detención inmediata del proyecto.
En el encuentro también participaron José Feliciano Cruz, secretario general de la Federación de Juntas de Vecinos de Pedro García, y Óscar Ulloa, presidente de la Junta de Vecinos de El Hoyazo, quienes criticaron que la acción gubernamental afectaría el modo de vida tradicional de las comunidades productoras.
Los voceros detallaron que las áreas en riesgo abarcan sectores de Pedro García —desde sus zonas rurales hasta el casco urbano—, así como Yásica Arriba y Yásica Abajo, El Copey, La Escalera, Salamanca, Pescado Bobo Arriba, Gurabito de Yaroa, Tubagua y La Jagua, todas caracterizadas por su alta autosuficiencia agrícola.
Asimismo, alertaron sobre posibles impactos ambientales en Arroyo Ancho Arriba y Abajo, Arroyo Prieto, Río Abajo, Río Arriba, Los Arroyos de Salamanca y Sonador de Yaroa, donde nacen ríos y se encuentran balnearios naturales que abastecen a comunidades de Santiago y Puerto Plata.
Los campesinos advirtieron que “defenderán hasta las últimas consecuencias” sus territorios, acusando al Gobierno de intentar “pisotear” la voluntad popular y atentar contra la flora y fauna de la Cordillera. “Todos estamos dispuestos a morir antes de ver cómo destruyen nuestro hábitat”, afirmaron.
El diputado por Santiago, José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, también expresó su preocupación por el supuesto plan y lo calificó como una amenaza para la naturaleza y el modo de vida de las familias de la zona.
Hasta el momento, el Ministerio de Energía y Minas no ha ofrecido una respuesta pública frente a estas denuncias.
