Santo Domingo.– Una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas a los años de gestión de Lisandro Macarrulla como ministro de la Presidencia arrojó que no hubo ninguna irregularidad y que los estados de cuenta fueron manejados conforme a las leyes y normativas del sector gubernamental.
La Cámara de Cuentas emitió una opinión “sin salvedades” tras auditar los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia (Minpre) correspondientes al período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
El dictamen de los auditores confirma que “los estados de ejecución presupuestaria del MINPRE presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los ingresos recibidos y los desembolsos realizados durante el período auditado”. Esto significa que los recursos fueron administrados en conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
También puedes leer: Auditoría de la Cámara de Cuentas certifica transparencia y cumplimiento en manejo de fondos del MIVED
De igual forma, el informe legal complementario concluye que no se evidencian elementos identificables que representen indicios de responsabilidades administrativas, civiles o penales, estableciendo que las operaciones y actuaciones de los funcionarios del Minpre se desarrollaron dentro del marco legal vigente.
“Se puede concluir que no se evidencian elementos identificables que representen indicios de ninguna de las responsabilidades establecidas en los artículos 47, 48, 49 y 54 de la Ley n.° 10-04, del 20 de enero de 2004, conforme los resultados del informe de auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de la Presidencia, por el período comprendido entre el 1.° de enero de 2020 al 31 diciembre de 2021, por lo tanto, se presume la legalidad de las actuaciones y operaciones de la entidad fiscalizada y sus principales funcionarios por someterse sus actuaciones a las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos”, indica el referido documento.
