Santo Domingo. – La incautación de un cargamento de armas y 36,000 municiones procedente de Estados Unidos con destino a Haití ha encendido las alarmas en República Dominicana. Expertos advierten que el tráfico ilícito de armamento no solo fortalece a las bandas criminales en el vecino país, sino que también representa una amenaza para la seguridad dominicana.
William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en República Dominicana (MENAMIR), calificó la situación como una “acción criminal” que debe ser investigada con la colaboración de organismos internacionales.
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“Siempre se ha dicho que hay personas detrás del suministro de armas a las bandas. No puede quedar impune que grupos delictivos en Haití reciban armamento mientras su pueblo sufre miseria y violencia. Es evidente que estos grupos tienen apoyo externo, y la comunidad internacional debe intervenir”, afirmó Charpentier.
Por su parte, Fidel Lorenzo, presidente de la Fundación Equidad y Justicia, enfatizó la posibilidad de que República Dominicana esté siendo utilizada como puente para el tráfico de armas. “El descubrimiento de este cargamento no significa que sea el único. Nuestra frontera es extremadamente porosa y, aunque hay controles en los pasos oficiales, hay kilómetros sin vigilancia por donde estos grupos pueden entrar. Esto nos afecta directamente, porque no solo las armas podrían quedarse en Haití, sino que podrían terminar en suelo dominicano”, advirtió Lorenzo.
El decomiso de estas armas y municiones cobra aún mayor relevancia en el contexto de la creciente violencia en Haití, donde figuras como Jimmy Chérizier, alias Barbecue, continúan desafiando a las autoridades con total impunidad. Barbecue, un exoficial de la Policía haitiana convertido en líder de la poderosa coalición de bandas criminales G9, ha sido señalado como uno de los principales responsables de la ola de secuestros, asesinatos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Haití.
Recientemente, en medio de rumores sobre su posible asesinato, Barbecue reapareció en un video desmintiendo su muerte y anunciando un incremento de la violencia en Haití. Además, declaró que “viviría bien en República Dominicana”, pero que ha decidido quedarse en su país para continuar su lucha.
Ante estas declaraciones, Charpentier fue enfático al señalar que el líder criminal debe ser capturado y sancionado. “El camino que le corresponde a Barbecue es la cárcel. Sus crímenes son de lesa humanidad, y cualquier organismo internacional o gobierno, incluido República Dominicana, puede detenerlo. Sus palabras reflejan el nivel de confianza que tiene en poder moverse con facilidad, lo que es muy preocupante”, sostuvo.
Lorenzo, por su parte, indicó que la presencia de haitianos en territorio dominicano, en especial aquellos con posibles vínculos con las bandas criminales, es una realidad que no se puede ignorar. “Muchos haitianos de diferentes estratos sociales han venido a República Dominicana de manera discreta, incluso comprando propiedades. No es descabellado pensar que algunos miembros de bandas estén operando desde aquí. Barbecue sabe que hay una estampida de su pueblo hacia nuestro país y, con sus declaraciones, parece insinuar que tiene la posibilidad de moverse libremente”, explicó Lorenzo.
Lorenzo sugirió que el presidente Luis Abinader debe seguir insistiendo en la intervención internacional en Haití y redoblar los controles de seguridad en la frontera. “Si las bandas en Haití continúan recibiendo armas y apoyo, la situación solo empeorará. Haití se ha convertido en un territorio sin ley donde operan mafias que trafican armas, drogas y personas. La comunidad internacional no puede seguir ignorando esto”, señaló.
Charpentier, en tanto, reiteró la necesidad de una investigación profunda sobre el tráfico de armas a través de República Dominicana. “No podemos permitir que este país se convierta en un punto de tránsito para el armamento que alimenta la violencia en Haití. La seguridad del pueblo dominicano está en juego”, concluyó.
Mientras tanto, las autoridades dominicanas han prometido continuar con las investigaciones y reforzar los controles para evitar que este tipo de operaciones sigan ocurriendo en el país.
