Santo Domingo, RD. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó hoy su profunda preocupación por el contenido del Proyecto de Modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobado esta semana por el Senado de la República.
La AIRD advirtió que la reforma se realizó sin la debida consulta con los actores clave del sector y que, además, incrementa de manera desproporcionada la contribución especial que deben pagar las empresas, incluyendo a las mipymes, con aumentos que oscilan entre un 140% y un 3,750%.
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Falta de diálogo y exclusión de actores clave
El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, criticó la falta de diálogo en el proceso legislativo observado en esta ocasión: “El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como es debido en una legislación de tanta complejidad técnica. Un proceso de consulta hubiera permitido una normativa más equilibrada y justa”.
Asimismo, el gremio calificó como inquietante que el Ministerio de Medio Ambiente y el Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos no fueran convocados a estas discusiones, a pesar de su rol fundamental en la implementación de la ley.
“En estos primeros cinco años de aplicación de la Ley 225-20, estas instituciones han acumulado una experiencia valiosa que pudo haber servido para mejorar el marco normativo. Excluirlas del debate es una omisión preocupante”, añadió Pujols.
El ejecutivo recordó que con el Senado han tenido los mejores ejemplos de interacción abierta y participativa, como fue el caso del Proyecto de Ley de Centros Logísticos, donde, atendiendo a diferencias de criterios existentes entre los actores impactados por la misma, se abrió un espacio de intercambio que derivó en una legislación que hoy es referencia regional sobre el tema.
Preocupación por la premura en la aprobación
La AIRD también cuestionó la rapidez con la que el Senado aprobó el proyecto, atribuyéndolo al inminente cierre de la legislatura. “La Ley que hoy se modifica fue discutida durante más de tres años con participación de todos los sectores. No había ninguna razón para acelerar este proceso de modificación, ya que el proyecto no iba a perimir. Esta prisa innecesaria pone en riesgo la eficacia de la normativa y su impacto en la industria y en la correcta gestión de residuos sólidos en el país”, afirmó.
