Santo Domingo.- El Ministerio Público informó este martes que presentó nuevos testigos con los que "sigue demostrando" que los imputados en las supuestas operaciones de corrupción Coral y Coral 5G exhiben un patrimonio que no pueden justificar legalmente.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que sigue el juicio a los acusados, aplazó la audiencia para el 29 de abril, informó la Procuraduría General de la República en una nota.
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En la audiencia de este martes, como parte de sus pruebas testimoniales, el Ministerio Público presentó a una perito de la Cámara de Cuentas que estableció que el general Adán Cáceres Silvestre presenta un enriquecimiento injustificado de más del 100 % en sus declaraciones juradas.
El fiscal litigante Jonathan Pérez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que también fue presentada como testigo una cajera de la sucursal del Banco de Reservas donde se hacían todas las operaciones del presunto entramado, quien estableció que las transacciones se ejecutaban por instrucciones de la acusada Esmeralda Ortega Polanco, quien se desempeñaba como gerente de la entidad financiera.
"Con esa prueba testimonial quedó establecido que Ortega Polanco violaba los protocolos internos del área de caja para favorecer a la estructura dirigida en la parte financiera por el coronel de la Policía Rafael Núñez De Aza", dijo el Ministerio Público.
Pérez dijo que también presentaron los testimonios de los auditores de la Cámara de Cuentas, estableciendo las omisiones que presenta el general Juan Carlos Torres Robiou en su patrimonio y el de su esposa Greybby Cuello Coste.
En ese mismo orden, detalló que también se presentó la perito que realizó el análisis de la declaración jurada del general Julio Camilo de los Santos Viola, estableciéndose, igualmente, un enriquecimiento injustificado. Indicó que el oficial adquirió más de 20 inmuebles en el año 2022, sin justificación alguna.
"A la fecha se han presentado 306 testigos de 438", destacó el Ministerio Público representado en audiencia por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Jonathan Pérez, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez, Melbin Romero y Arolin Lemos.
El presunto entramado de corrupción administrativa, que supuestamente estafó al Estado con más de 4,500 millones de pesos, fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
El Ministerio Público señala al general Adán Cáceres Sivestre, exjefe del cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como la persona que dirigió el entramado de corrupción, de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, que desfalcó al Estado con más de 4,500 millones entre los años 2012 y 2020.
También se les acusa de supuestamente sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
