Santo Domingo.- La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) remitió a la Cámara de Diputados una serie de observaciones al nuevo Código Penal, al advertir que algunas disposiciones podrían generar interpretaciones que afecten el ejercicio de las funciones de docentes, directivos y orientadores dentro del sistema educativo.
El gremio magisterial sostuvo que ciertos artículos podrían criminalizar medidas disciplinarias, pedagógicas, correctivas o de protección aplicadas por los educadores a estudiantes con problemas conductuales, por lo que planteó modificaciones para garantizar un equilibrio entre la protección de niños, niñas y adolescentes y las responsabilidades propias de la labor docente.
En una comunicación enviada a la Cámara Baja, vía Secretaría General Legislativa, la ADP explicó que sus planteamientos responden a la necesidad de contar con una legislación penal clara, que permita diferenciar entre conductas delictivas y actuaciones legítimas desarrolladas en el marco de la enseñanza.
La organización, que representa al magisterio nacional, afirmó que reconoce la importancia de fortalecer la protección de los menores y garantizar espacios educativos seguros, libres de violencia y vulneración de derechos.
“Valoramos la necesidad de fortalecer la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como de garantizar espacios educativos seguros; sin embargo, toda reforma penal debe guardar un equilibrio entre la protección de la sociedad y el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución”, indicó la ADP en la carta firmada por su presidente Eduardo Hidalgo y el consultor jurídico nacional del sindicato, John A. Bello.
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Entre sus principales observaciones, la ADP se refirió al artículo 121 del Código Penal, relacionado con el hostigamiento e intimidación o “bullying”, al considerar que términos como “asustar” y “aislar” requieren mayor precisión para evitar que acciones disciplinarias o pedagógicas sean interpretadas como conductas delictivas.
El sindicato propuso que se establezca que no constituyan bullying aquellas medidas disciplinarias, pedagógicas, correctivas o de protección aplicadas por docentes, directivos u orientadores de forma objetiva, razonable y conforme a la legislación educativa, siempre que no tengan como finalidad humillar, denigrar, hostigar o causar daño físico o psicológico al estudiante.
Asimismo, la ADP presentó observaciones al artículo 214, relativo al abandono de niños, niñas y adolescentes, al señalar que debe definirse con mayor claridad el alcance de conceptos como “abandono” y “deber de vigilancia o cuidado”.
En ese punto, planteó revisar la equiparación del maestro con padres, madres o tutores en las sanciones agravadas, argumentando que la responsabilidad del docente es temporal y está limitada al ejercicio de sus funciones dentro del ámbito educativo.
La organización también cuestionó el uso del término “presión” en algunas disposiciones, al considerar que puede resultar amplio e impreciso y generar inseguridad jurídica para los educadores. Por ello, recomendó sustituirlo por conceptos más específicos como “presión psicológica grave, ilegítima o abusiva”.
La ADP indicó que sus propuestas no buscan crear privilegios para los docentes ni reducir responsabilidades ante posibles violaciones a la ley, sino contribuir a una normativa penal más clara y equilibrada que tome en cuenta las particularidades del sistema educativo dominicano.
