PUNTA CANA.– Las autoridades que “otorgan permisos y supervisan la construcción de edificaciones en zonas turísticas deben asegurarse de que los proyectos tengan toda la documentación en regla, incluyendo los títulos de propiedad”, señaló Ernesto Veloz, presidente de la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE).
“Vemos con mucha preocupación –dijo– conflictos existentes en esta zona turística, que han sido notificados a las instituciones correspondientes sin obtener, hasta la fecha, definiciones definitivas sobre los mismos”.
El dirigente hotelero hizo el señalamiento al responder a preguntas de periodistas que lo abordaron durante la juramentación de la directiva de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR) en Punta Cana, sobre el caso de un proyecto residencial iniciado en el sector Playa Bávaro, a pesar de que existe un impedimento legal. En esta actividad, realizada el pasado sábado, la filial de ADOMPRETUR entregó un reconocimiento a Veloz por sus aportes al turismo y su colaboración con esa organización y los medios de comunicación de Punta Cana.
Es “inconcebible” –precisó– que se pueda iniciar un proyecto habitacional “sin haber obtenido todos los permisos necesarios y con las consecuentes oposiciones y advertencias de ilegalidad”, porque se crean situaciones que “cuestionan la existencia de la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones al país y a Punta Cana como destino turístico”.
Veloz se refirió al tema al responder sobre la situación generada por un proyecto residencial y comercial iniciado por la constructora Noval en una propiedad en la que existe un impedimento contractual para desarrollar ese tipo de proyecto.
“Este no es el único caso –dijo Veloz–, pues en la zona de Uvero Alto, próxima a Playa Bávaro, también hay hoteleros que están siendo acosados por personas y empresas que carecen de legalidad y pretenden hacer usufructo de propiedades que legalmente no les pertenecen”.
Explicó que es de conocimiento público que, en el tema de Playa Bávaro, “se consignó expresamente en el contrato de venta y en el registro inmobiliario que esta propiedad sólo podría ser usada única y exclusivamente para la construcción de un delfinario y un parque acuático, según la documentación a la que he tenido acceso, y esto ha sido informado a las instituciones que deben aprobar esa construcción”.
Estos casos, agregó, afectan la imagen de la región como destino turístico de inversión, porque algunas personas o empresas pueden ser atraídas y adquirir o adelantar el pago necesario para reservar una residencia o local comercial, y después ver que su inversión no está protegida debido a litigios que retrasan o impiden concretar esos desarrollos.
Veloz señaló que preservar una imagen positiva de las regiones turísticas del país “es una responsabilidad compartida del Gobierno, las empresas y sus organizaciones”, pero aclaró que el rol principal corresponde a las instituciones del Estado, que son las encargadas de vigilar el cumplimiento de las normas que garantizan la calidad y el prestigio de un destino turístico.
