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Santo Domingo. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció este miércoles presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la emisión de licencias de conducir del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el que resultó favorecido el Consorcio Mobility ID.
La entidad, presidida por Julio César De la Rosa Tiburcio, acusa al ingeniero Milton Teófilo Morrison Martínez de haber actuado en confabulación con el citado consorcio para defraudar al Estado dominicano, violando varios artículos del Código Penal y de leyes anticorrupción.
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Según la denuncia depositada ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), representada por su directora licenciada Mirna Ortiz, el proceso de licitación del INTRANT habría estado dirigido de forma que solo un oferente pudiera participar: el Consorcio Mobility ID, conformado por las mismas empresas responsables de la emisión de cédulas, pasaportes y la nueva cédula de identidad y electoral.
ADOCCO sostiene que este esquema concentra datos personales sensibles de los ciudadanos dominicanos en manos de un mismo grupo empresarial, lo que representa un riesgo para la seguridad nacional y la privacidad de los usuarios.
De acuerdo con la denuncia, Mobility ID habría falsificado documentos técnicos relacionados con la impresora láser CLM600, presentándose como fabricante de la misma para cumplir con los requisitos del pliego de condiciones, cuando en realidad no lo era. Esto, según ADOCCO, constituye una falsificación de documentos públicos y un acto de engaño ante el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT.
Además, la organización afirma que el proceso violó el principio de libre competencia y participación establecido en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, ya que se limitó la posibilidad de que otros oferentes compitieran.
El documento acusa formalmente a Morrison y al consorcio Mobility ID de violar los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano, así como disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
De la Rosa Tiburcio recordó que, pese a las impugnaciones presentadas por diversas instituciones de la sociedad civil ante el INTRANT y la Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP), el ingeniero Morrison anunció la adjudicación del contrato a Mobility ID, con un monto estimado en 8,400 millones de pesos.
ADOCCO instó a la PEPCA a investigar con prontitud los hechos y aplicar las sanciones correspondientes, asegurando que ha presentado las pruebas que demuestran la falsificación documental y la violación de los principios de transparencia en los procesos de licitación pública.
