Santo Domingo.– El abogado y coordinador provincial de los Derechos Humanos en San Cristóbal, Carlos Sánchez, pidió este miércoles a las autoridades dominicanas y a la Dirección General de Migración (DGM) esclarecer las circunstancias en que falleció la joven ciudadana estadounidense Ezri Hajiune, quien se encontraba detenida en el Centro de Retención de Haina con fines de deportación.
Sánchez, con más de 20 años de trayectoria como activista, explicó que su vinculación al caso inició tras recibir denuncias sobre varias personas, en su mayoría haitianas, retenidas por más de dos meses en el centro migratorio. Fue entonces cuando le compartieron una fotografía de una joven, aparentemente con problemas de salud mental, encerrada en condiciones deplorables dentro del vacacional, jugando con agua que salía del inodoro.
“Cuando vimos ese video, decidimos actuar y presentar un habeas corpus. Ya se habían conocido dos audiencias y la jueza había ordenado una evaluación médica y psiquiátrica”, denunció Sánchez.
El abogado manifestó su preocupación por las versiones que han circulado sobre las condiciones en las que se encontraba la joven, quien según explicó, estaba encerrada con decenas de hombres, sin acceso a condiciones mínimas de higiene o abrigo, a pesar de que presentaba signos evidentes de trastorno mental.
“Si no fue un crimen directo, fue un crimen por omisión. El Estado dominicano es responsable por no garantizar su integridad física y mental”, declaró.
Sánchez también cuestionó la falta de claridad en torno a la identidad de la joven. Indicó que en principio no se conocía ni su nacionalidad ni su sexo con precisión, pues la joven presentaba rasgos ambiguos.
“Se hablaba de que era transexual o hermafrodita, pero lo cierto es que biológicamente tenía desarrollado el sexo femenino, y su identidad fue confirmada posteriormente como estadounidense, no ucraniana, como se había dicho inicialmente. Su nombre era Ezri, y tenía entre 18 y 22 años”, explicó.
Según la Dirección General de Migración, Ezri Hajiune fue detenida el 22 de abril tras ser hallada deambulando en una playa del Este, sin documentos de identificación y con un cuadro de salud mental comprometido. Posteriormente, se confirmó su identidad mediante tecnología de reconocimiento facial, y se activaron protocolos para su deportación.
La institución afirmó que la joven fue atendida médicamente durante su detención, y que el 23 de junio, mientras se preparaba para una toma médica de rutina, fue encontrada sin signos vitales. Indicaron que el cuerpo no presentaba señales de violencia, pero está bajo autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
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A pesar de este comunicado oficial, Carlos Sánchez sostiene que quedan muchas preguntas sin respuesta.
“Queremos saber si hubo violencia, negligencia o abuso. Que se informe con claridad a la familia, a los abogados, a la sociedad dominicana y al mundo qué fue lo que realmente pasó”, reiteró.
