Santo Domingo.– En declaraciones ofrecidas a la prensa antes del inicio de la audiencia de medida de coerción contra Antonio Espaillat y su hermana, el abogado Ángel Locward sostuvo que más allá de la imputación penal individual, el Estado dominicano también debe rendir cuentas por las consecuencias de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set.
“El Ministerio Público está en una etapa preliminar y con las piezas aportadas. Yo pienso que esa tipificación todavía es correcta. No creo que hoy haya razones para hablar de homicidio voluntario”, dijo Locward, refiriéndose a los cargos iniciales contra los imputados.
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Sin embargo, destacó la magnitud del daño causado por el colapso del techo.
“235 muertos no son poca cosa. 180 heridos tampoco”, destacó.
El abogado centró su atención en las víctimas más vulnerables que, según sus palabras, están quedando fuera del foco de atención, los huérfanos.
“Yo los animo a que pensemos en un grupo del que no se habla, y es el grupo que necesita más asistencia de la justicia: los huérfanos. Hay 130 niños que perdieron a su papá, que perdieron a su mamá, que el día siete tenían su vida asegurada y hoy no saben qué va a ser de su futuro”, expresó con preocupación.
Locward señaló que tanto los dueños del establecimiento como el Estado comparten la responsabilidad por lo ocurrido.
“El particular faltó por negligencia, pero el Estado no fue capaz de hacer cumplir la norma, ni revisar los planos cada vez que se hizo una remodelación. Por eso sostengo que procede demandar al Estado en daños patrimoniales”, afirmó.
A juicio del abogado, no se trata sólo de compensaciones económicas, sino de garantizar derechos fundamentales.
“Esos niños ahora no tienen garantía de alimentos, de educación, de nada. Y el Estado debe ser condenado a ser garante del bienestar de esos niños hasta que sean mayores”, concluyó.
