Santo Domingo,.- El presidente Luis Abinader encabezó este viernes el primer Consejo de Ministros y Directores del nuevo período de Gobierno, donde se estableció que todo funcionario deberá firmar un compromiso ético con las mejores prácticas y el mejor comportamiento en el ejercicio de sus funciones públicas.
Del mismo modo, se dispuso que para los próximos días cada funcionario deberá realizar su declaración jurada de bienes, y que de no hacerlo recibirá las sanciones de rigor que establece la ley.
Te puede interesar: Ministro Santos encabeza reunión del Comité Organizador del TBS-Distrito 2024
Estas declaraciones fueron ofrecidas por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y la encargada de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch al final del Consejo de Ministros y Directores que se extendió por una hora en el Salón del Consejo de Gobierno del Palacio Nacional.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al hablar a los medios explicó que "el punto fundamental de este Consejo de Ministros se enmarca dentro los objetivos de llamado general en la administración pública de continuar con más transparencia, más compromiso, y más identificación del funcionario público con las mejores prácticas y el mejor de los comportamientos en sus funciones".
Paliza sostuvo que esta declaración o compromiso de comportamiento ético está en el proceso de algunos aspectos mínimos y que a partir del lunes todo funcionario público designado por el presidente tendrá que suscribirlo y firmarlo.
De su lado, Ortiz Bosch manifestó que fue un encuentro para comprometerse con la transparencia y con la ética.
"Nos comprometimos con algo fundamental, con hacerlo todo desde el derecho, la Constitución y las leyes bajo el debido proceso, siempre respetando los principios éticos y morales que debe normal la vida de todo funcionario público", agregó.
Argumentó que es la lucha entre lo opaco y la luz y que por lo tanto se tomaron medidas muy claras sobre la declaración de patrimonio, sobre la obligación de información de los procedimientos y los manejos presupuestarios.
