Santo Domingo.– El Ministerio Público reveló que el Seguro Nacional de Salud (SENASA) destinó más de RD$5 millones de pesos del erario para pagar servicios de telemedicina que nunca fueron recibidos por la población afiliada, como parte de un presunto esquema fraudulento investigado dentro de la Operación Cobra.
De acuerdo con el Informe de Auditoría Médica Forense practicado a la empresa Khersum S.R.L., el Ministerio Público identificó un sistema de irregularidades contractuales, fallas técnicas y maniobras que vulneran la Ley 87-01 y las normativas del SISALRIL, comprometiendo la validez de los contratos, la estabilidad financiera de la ARS estatal y la calidad de los servicios de salud.
El Ministerio Público sostiene que SENASA implementó un modelo de pago capitado y una tarifa fija por supuestos servicios de telemedicina, sin estudios técnicos, sin criterios para seleccionar la población beneficiaria y sin mecanismos de control que permitieran verificar su utilización.
Pese a estas deficiencias, la ARS desembolsó mensualmente cinco (5) millones de pesos, destinados a brindar teleconsultas a una población proyectada de dos millones de afiliados, aunque no existe evidencia objetiva de que esos servicios se hayan ejecutado.
Te puede interesar: Ortiz Bosch llama a acción firme frente al caso SENASA
A través de dicha auditoria, se da a conocer que RD$3,882,113,916.57 fueron desembolsados desde el 2020 hasta el 2025 a Khersum S.R.L. (Punto Médico Familiar) por diversos servicios y dicho contrato fue firmado y autorizado por Santiago Hazim y representada por el también imputado, Eduardo Read Estrella.
Estas maniobras de dinero constituye un desvío de recursos públicos de alto impacto financiero, ya que los pagos se mantuvieron durante meses sin justificación documental y sin que la ciudadanía recibiera las atenciones médicas prometidas, detallando en la auditoria que no existe un listado de beneficiarios, reportes técnicos ni validaciones de uso.
Tampoco se identificaron plataformas operativas o personal suficiente para atender la supuesta demanda masiva de telemedicina que SENASA afirmaba poseer bajo contrato.
