Nueva York. — Lo que debía ser motivo de tranquilidad para miles de inmigrantes naturalizados en Estados Unidos, hoy se ha convertido en una nueva fuente de incertidumbre. Un memorando emitido por el Departamento de Justicia ha despertado temores generalizados en comunidades migrantes, particularmente en Nueva York, donde residen más de 2.7 millones de ciudadanos naturalizados.
La disposición, dada a conocer a mediados de junio por la administración Trump, establece nuevas directrices para investigar y potencialmente revocar ciudadanías adquiridas por naturalización, en casos que involucren delitos graves, omisiones durante el proceso o riesgos considerados relevantes por las autoridades.
Te puede interesar: http://Trump dice que sigue situación en Venezuela «con mucho interés» y no quiere «su petróleo»
José M., originario de Ecuador, recuerda con emoción su juramentación como ciudadano estadounidense en Brooklyn el año pasado. Después de casi dos décadas viviendo en el país, casado con una estadounidense y padre de dos hijos nacidos aquí, sintió que finalmente su vida había alcanzado estabilidad. Sin embargo, la reciente medida federal lo tiene en alerta.
“He cumplido con todo, pero ahora me pregunto si errores pasados, como haberme quedado sin estatus al principio o haber trabajado sin papeles, pueden ser usados en mi contra”, expresó. “Ya no tengo confianza ni para salir del país. Cancelé mis vacaciones por miedo a no poder regresar”.
María López, residente permanente de origen dominicano, inició su solicitud de ciudadanía hace dos meses. Pensaba que dar ese paso sería una forma de protegerse ante los cambios migratorios. Pero ahora duda si fue una decisión acertada. “Me preocupa que cualquier detalle o malentendido en mi solicitud pueda convertirse en excusa para descalificarme. Uno siente que ya ni como ciudadano está a salvo”.
Aunque la desnaturalización ha sido históricamente un proceso poco frecuente —con un promedio de apenas 11 casos anuales durante casi tres décadas—, el nuevo enfoque de la administración republicana introduce un margen más amplio de interpretación que inquieta a expertos y defensores de derechos humanos.
El abogado de inmigración Andrés Santamaría Cortés, de la organización Make the Road NY, advierte que este memorando podría abrir la puerta a una “cacería discrecional”, en la que se utilicen antecedentes menores o antiguos para justificar procedimientos de revocación.
“Lo más peligroso del texto es que permite evaluar ‘otros casos’ que el gobierno considere relevantes. Eso deja mucho a criterio de los fiscales, y puede derivar en abusos o decisiones arbitrarias”, explica. Sin embargo, aclara que aún no se han aplicado estos criterios en la práctica, y que es fundamental evitar caer en el pánico colectivo.
La política federal establece como prioridad investigar ciudadanías otorgadas a personas vinculadas a actividades como terrorismo, violaciones de derechos humanos, fraude, abuso sexual, crímenes financieros o pertenencia a organizaciones delictivas. No obstante, el memorando deja abierta la opción de actuar en “otros casos” considerados relevantes, una ambigüedad que ya ha sido criticada por la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.
El temor, señalan activistas, no solo se basa en las implicaciones legales, sino en el mensaje político que representa: la idea de que incluso quienes han cumplido con todo el proceso pueden ser considerados “ciudadanos condicionales”.
Líderes locales y defensores de migrantes han reaccionado con firmeza. La fiscal general del estado, Letitia James, ha prometido utilizar todas las herramientas legales para proteger a la comunidad inmigrante. “La ciudadanía no es un privilegio revocable. Es un derecho adquirido que debe ser respetado”, sostuvo en declaraciones recientes.
Desde las organizaciones sociales también se levantan voces. Arlette Cepeda, de La Colmena, aseguró que el miedo ha aumentado y que la desinformación puede amplificar la vulnerabilidad de quienes ya viven en tensión. “Pedimos a la comunidad que se informe, que se apoye en organizaciones confiables y que no tomen decisiones sin asesoría legal”.
El aspirante a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha sido uno de los críticos más directos de esta política. Él mismo fue naturalizado hace siete años, y afirma haber sido señalado por el propio Trump como “objetivo de detención y deportación” por sus posturas contra ICE y en defensa de los inmigrantes.
“Este es un intento de silenciar a quienes luchamos por una ciudad más justa. Pero no retrocederemos”, dijo Mamdani.
Para muchos, la nacionalidad estadounidense era el último paso para dejar atrás años de vulnerabilidad legal. Hoy, ese estatus parece estar bajo revisión. Expertos coinciden en que aunque los procedimientos de revocación son complejos, prolongados y requieren pruebas sólidas, la sola posibilidad ya afecta emocional y psicológicamente a miles de personas.
La recomendación de los abogados es clara: no asumir riesgos innecesarios, buscar orientación profesional antes de iniciar o continuar cualquier proceso migratorio y no renunciar al ejercicio de los derechos ciudadanos adquiridos.
CIFRAS CLAVE
25 millones de ciudadanos naturalizados en EE. UU.
2.7 millones residen en Nueva York
818,500 nuevas naturalizaciones en el año fiscal 2024
300 casos de revocación desde 1990 a 2017
10.6 % de los nuevos ciudadanos en 2024 fueron de Nueva York
