Caracas.- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela inaugurará este lunes un nuevo periodo legislativo (2026-2031) dominada nuevamente por el chavismo, en medio de la incertidumbre política tras la captura del mandatario Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras zonas del país suramericano.
Para este lunes, está prevista una sesión de instalación del Parlamento, institución que debe juramentar al presidente y otros directivos de ese poder.
Mientras, los venezolanos se mantienen a la expectativa de los próximos acontecimientos después de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma la presidencia interina del país.
El TSJ se pronunció la noche del sábado, horas después de que aviones estadounidenses bombardearan el país y detuvieran a Maduro y su esposa, sin precisar en cuánto tiempo debe celebrarse la ceremonia de juramentación de Rodríguez.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo tras anunciar el sábado la captura de Maduro que la interlocutora válida para un proceso de transición en Venezuela es Rodríguez en vez de la líder opositora y nobel de la paz, María Corina Machado.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró por su parte este domingo que Rodríguez es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.
Sin embargo, Trump aseguró en una entrevista con la revista The Atlantic que si Rodríguez no hace lo correcto acabará peor que Maduro.
Más dudas que certezas
Una de las tareas más importantes que había encomendado Maduro a este nuevo Parlamento es la de trabajar en una reforma constitucional que, dijo recientemente, "dinamice, actualice y fortalezca los derechos" establecidos en la carta magna, algo en lo que, según el Ejecutivo, ya ha trabajado en 2025 una comisión designada por el mandatario y encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab.
El objetivo de Maduro, que no ahondó en mayores detalles, es asumir un "proyecto de construcción de un nuevo sistema electoral, perfecto, infalible y accesible".
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Con este cambio de escenario, el Parlamento tendrá que dilucidar si igualmente seguirá trabajando para una reforma constitucional o lo postergará.
Igualmente, Maduro había convocado al Congreso Bolivariano del Poder Constituyente, para los próximos 9 y 10 de enero, con todos los poderes públicos, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Diputados en rechazo al ataque
Entre el sábado y este domingo, algunos diputados como los chavistas Iris Varela, Tania Díaz y Nicolás Maduro Guerra -hijo del mandatario- han expresado su rechazo al ataque militar por parte de Estados Unidos, así como a la captura del presidente.
Varela aseguró, de acuerdo a una nota de prensa del Parlamento, que "cada centímetro" del país será defendido y que Maduro sigue siendo el presidente por lo que, afirmó, cumplirá con su mandato hasta 2031.
Por su parte, Maduro Guerra sostuvo, en otro comunicado, que el bombardeo de Estados Unidos y la posterior captura de su padre tiene como objetivo dividir a la "fuerza revolucionaria".
"¿Quieren sembrar cizaña? No lo van a lograr. ¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores", subrayó.
El hasta ahora presidente de la AN, Jorge Rodríguez, no ha emitido una declaración pública sobre el ataque estadounidense, pero se le vio en el consejo de defensa celebrado el sábado, y que reunió al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.
Maduro y Flores comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EE.UU. tras su captura y traslado al país norteamericano, confirmaron este domingo fuentes judiciales a EFE.
El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
