Bogotá,.- Los exministros colombianos Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) fueron enviados este jueves a detención preventiva por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
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La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
En su decisión, la magistrada Aura Alexandra Rosero señaló que el hecho de que los exministros ya no ocupen cargos públicos no elimina los "riesgos del proceso".
Rosero explicó que las conductas investigadas no se limitaban al ejercicio de sus funciones, sino que se apoyaban en redes políticas y administrativas ya consolidadas, que operaban a través de terceros.
El Tribunal sostuvo además que la medida carcelaria es "idónea, necesaria y proporcional" y que el peligro no depende del riesgo de fuga de los imputados, sino en la necesidad de evitar que "rearticulen o continúen prácticas criminales anteriores".
El mayor caso de corrupción del Gobierno Petro
Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció tras quedar vinculado a las irregularidades de la UNGRD.
Velasco, por su parte, tiene una larga carrera política en la que incluso fue presidente del Senado, dirigió brevemente la UNGRD en abril de 2023 y ocupó la cartera de Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024.
Según la investigación, al exministro Bonilla se le relaciona con la presunta adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) en beneficio de seis congresistas, a cambio de que apoyaran en el Legislativo la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
La Fiscalía imputó a los exfuncionarios a comienzos de este mes pero no aceptaron los cargos y ambos rechazaron los señalamientos en su contra.
El escándalo de la UNGRD, encargado de prevenir y atender emergencias en el país, estalló en febrero del año pasado por denuncias de la prensa y ha sido considerado el mayor caso de corrupción del Gobierno de Petro.
Desde entonces, la investigación ha escalado hasta involucrar a altos funcionarios y a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, detenidos el pasado 7 de mayo.
Ambos congresistas son investigados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en una decisión adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En mayo del año pasado, el exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla —condenado por este caso a más de cinco años de prisión— reveló que recursos ingentes de la entidad fueron utilizados en 2023 para pagar millonarias coimas a Name y Calle.
