La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Nicolás Maduro “tiene que irse”, en una declaración que se produce en paralelo al endurecimiento de las medidas militares, políticas y económicas de Washington sobre Caracas.
Noem formuló esa posición en una entrevista con Fox News, mientras Estados Unidos avanza con la incautación en el mar Caribe de petroleros que transportan crudo venezolano. Según la funcionaria, no se trata solo de interceptar embarcaciones, sino de enviar una señal disuasoria a actores estatales y privados involucrados en lo que Washington considera actividades ilícitas.
“Estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse”, afirmó Noem durante la entrevista. Añadió que su Gobierno actuará para “defender a nuestro pueblo”, en referencia a los efectos del narcotráfico en Estados Unidos.
La secretaria insistió en que el régimen venezolano utiliza los ingresos petroleros en dólares para sostener redes de tráfico de drogas que, según dijo, alimentan la crisis de consumo de estupefacientes en territorio estadounidense. Desde hace años, el chavismo rechaza esas acusaciones y niega cualquier vínculo institucional con organizaciones criminales.
Las declaraciones de Noem se alinean con el discurso del presidente Donald Trump, quien en días recientes afirmó que Maduro “tiene los días contados”. No obstante, fuentes oficiales estadounidenses subrayan que el objetivo formal de la actual estrategia es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de empresas de Estados Unidos afectados por sanciones y expropiaciones.
El domingo, Washington informó que mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero en las inmediaciones de la costa venezolana. El anuncio llegó después de que Trump ordenara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados por el Gobierno estadounidense, una medida que amplía el alcance de la presión económica.
Ese bloqueo es el resultado de meses de despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Según el Pentágono, la operación busca interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con estructuras cercanas al poder en Caracas, una acusación que forma parte de la narrativa estadounidense desde hace más de una década.
En ese marco, Estados Unidos sostiene que Maduro lidera el denominado Cartel de los Soles, una red de narcotráfico integrada por altos mandos civiles y militares venezolanos. El régimen venezolano ha negado de manera reiterada la existencia de esa organización y califica las acusaciones como un pretexto para justificar sanciones y acciones de fuerza.
Desde Caracas, la respuesta ha sido frontal. Maduro acusó a Estados Unidos de “piratería” por la incautación de buques con crudo venezolano y anunció que su Gobierno emprenderá acciones para que esos actos “no queden impunes”. Entre ellas, adelantó una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
La escalada se produce en un contexto de relaciones prácticamente rotas entre ambos países, marcadas por sanciones económicas, procesos judiciales en cortes estadounidenses y un prolongado enfrentamiento diplomático. A corto plazo, el pulso en el Caribe anticipa un aumento de la tensión regional, con implicaciones directas para el mercado energético y la seguridad marítima en una de las rutas más sensibles del hemisferio.
