Buenos Aires.- La Patagonia argentina afronta desde el inicio del verano austral una de las peores temporadas de incendios en décadas, en un contexto de crecientes cambios en las condiciones climáticas y de reducción de recursos estatales para prevenir y contener el avance de las llamas, que ya destruyeron más de 45.000 hectáreas de zonas protegidas, viviendas e infraestructura.
En el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, 20.000 hectáreas de terreno montañoso cubierto de bosque y vegetación han sido alcanzadas por incendios atribuidos a la caída de un rayo en diciembre pasado y que bomberos y brigadistas no logran contener en su avance hacia zonas residenciales aledañas.
Unos 200 kilómetros más al sur, un incendio en un sector boscoso conocido como Puerto Patriada superó en los últimos días la cifra de 23.000 hectáreas quemadas y afectó numerosos hogares en las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo.
En la zona de El Turbio, también en Chubut, otras 3.000 hectáreas se quemaron desde comienzos de 2026.
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Recursos movilizados a nivel nacional
A estos focos se suman varios más pequeños distribuidos en otros puntos de la Patagonia y cuyo impacto todavía no ha podido ser calculado.
Diferentes brigadas locales, provinciales y nacionales se desplazaron a los distintos focos para frenar el fuego con cientos de bomberos especializados, voluntarios y asistentes, a la par del despliegue de transportes terrestres, carros bomba, helicópteros y hasta aviones hidrantes de gran tamaño.
A través de la articulación de la Agencia Federal de Emergencias, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, recursos y efectivos fluyeron desde todo el país, e incluso bomberos de Chile concurrieron a brindar apoyo.
¿Por qué ocurren los incendios?
Si bien el verano es la temporada más propicia para la propagación de incendios en el bosque andino patagónico, por las características habituales del clima, especialistas consultados por EFE explicaron que el aumento del promedio de la temperatura y la menor acumulación de nieve y precipitaciones durante el resto del año multiplican la probabilidad de que el fuego se inicie, ya sea por eventos naturales o por la acción -u omisión- humana.
En el caso de Puerto Patriada, la Justicia investiga un posible origen intencional tras haber encontrado combustible en la zona.
Si bien el Gobierno argentino apuntó contra «grupos terroristas autodenominados mapuches», fuentes judiciales aclararon rápidamente que no manejan esa hipótesis como parte de la investigación.
En la provincia de Santa Cruz se quemaron desde finales de diciembre de 2025 unas 700 hectáreas por causa de una fogata mal apagada, y en Río Negro, otras 3.000 hectáreas resultaron afectadas por una quema de pastizales que inició de manera controlada por parte de productores agropecuarios pero se extendió mucho más allá de lo esperado.
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«El 95 % de los incendios son producto de los seres humanos, pero eso no implica que sean intencionales», explicó a EFE Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de la organización Greenpeace, en referencia a que los fuegos pueden deberse a negligencias puntuales pero también a errores en la administración de zonas con potencial de incendios.
Recortes presupuestarios agravan la situación en la Patagonia
Organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) señalan que, en paralelo a las condiciones climáticas actuales, las decisiones presupuestarias y estratégicas del Gobierno del presidente Javier Milei han provocado retrasos en la lucha temprana contra el fuego.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, advirtió en diálogo con EFE que el Ejecutivo gastó en el último año solo el 75 % del presupuesto destinado al manejo del fuego y que los fondos nacionales aprobados por el Congreso para prevenir y combatir incendios forestales se recortaron en un 71 % en 2026.
«Los legisladores que representan a las provincias afectadas por los incendios aprobaron esas reducciones por un acuerdo global con el Gobierno», subrayó Nápoli.
Los gobernadores de estas provincias, encabezados por Ignacio Torres, de Chubut, solicitaron este martes al Congreso la declaración de una Emergencia Ígnea nacional debido a los incendios, algo que los ejecutivos provinciales ya hicieron en octubre pasado ante lo que describieron como «la sequía más severa desde 1965».
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Tanto FARN como Greenpeace coinciden en que la mejor medida para controlar los incendios es la prevención, porque cuando el fuego está desatado es muy difícil contenerlo sin lluvias.
«Está perfecto que intervengan aviones hidrantes, pero es como que tu casa esté prendida fuego e intentes apagarla con un vaso de agua», mencionó Giardini a EFE, y graficó la extensión de los incendios en Chubut al señalar que el territorio incendiado equivale al doble de la superficie de la ciudad de Buenos Aires, capital del país y donde viven más de tres millones de personas.
