Entidades de la Iglesia católica consideran "un acto de justicia social" la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno español acomete desde este martes.
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Cáritas, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (Redes) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) celebran el comienzo del proceso en un comunicado conjunto.
Lo consideran un acto de reconocimiento de estas personas, que, con su trabajo, "llevan tiempo contribuyendo al desarrollo" de España, aun a costa de estar en situación irregular.
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Las entidades católicas destacan que la medida ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad, que llevó a concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de una iniciativa legislativa popular, bloqueada por falta de acuerdo parlamentario.
Consideran que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias.
Explican que el reglamento deja fuera a numerosos grupos vulnerables, como las personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia.
También, a los inmigrantes sin documentación, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos, los que tienen difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica; o los trabajadores que no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración.
Las entidades de la Iglesia alertan de que afecta además a las familias con niños en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas, y a los solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad.
Según el IX Informe FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de inmigrantes viven en España. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68 % se encuentre en exclusión social.
Los últimos datos publicados por Cáritas muestran que el 47 % de las personas acompañadas por la ONG católica en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000. Un número que no para de crecer desde 2019, según alerta.
