Lima.- El Gobierno de Perú consideró este sábado «inaceptable» que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se oponga a la aplicación de una ley de amnistía para militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa investigados y procesados por delitos cometidos durante el conflicto interno que asoló al país entre 1980 y el año 2000.
La Corte IDH dispuso este viernes que los jueces peruanos se abstengan de aplicar por el momento esa amnistía, que fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte tras ser aprobada por el Congreso, «a fin de que no surta efectos jurídicos» hasta que se pronuncie de manera definitiva sobre el tema.
Ante esto, la Presidencia emitió un comunicado en el que señaló que «el Gobierno del Perú considera inaceptable esta decisión de la Corte IDH» y aseguró que «seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos».
El pronunciamiento sostuvo que la Convención Americana de Derechos Humanos «establece claramente que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante y complementario».
«No puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna», remarcó.
Añadió que Perú «es un país soberano y democrático que, a lo largo de su historia, ha demostrado un firme y decidido compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos».
Señaló, además, que el país «padeció el terrible embate del terrorismo» y que «los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas, generándose una lucha por salvar la democracia y la sociedad peruana».
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Boluarte promulgó en agosto pasado la norma de amnistía en desacato al organismo internacional, que había dispuesto que suspendiese la tramitación de la ley previamente aprobada en el Congreso a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas, que respaldan a la mandataria.
Las disposiciones de la Corte IDH sobre esta ley también llevaron a que Boluarte plantee la eventual salida de Perú del Pacto de San José, algo que hasta el momento solo han hecho Trinidad y Tobago, Venezuela y Nicaragua.
Con miras a reforzar esa postura dentro del Consejo de Ministros, Boluarte nombró como ministro de Justicia a Juan José Santiváñez, un abogado que ha defendido a policías acusados de presuntas ejecuciones extrajudiciales y que ya fue ministro del Interior hasta que el Congreso lo censuró en marzo pasado por una aparente «incapacidad» para luchar contra el crimen organizado.
La presidenta también ha creado un grupo de trabajo para presentar un «proyecto de Ley de Soberanía Nacional» que, según políticos opositores y analistas, buscaría limitar la acción de la Corte IDH en la esfera nacional o incluso plantear la salida del Pacto de San José.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».
