Lima.- La Fiscalía de Perú sustentó este martes el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la cuñada del mandatario peruano Pedro Castillo, Yenifer Paredes, en base a los elementos de convicción que, según su tesis, configuran los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.
Paredes, a quien Castillo y su esposa criaron como su hija, es sospechosa de integrar una organización criminal para adjudicar obras públicas a cambio de dinero, según la versión de la Fiscalía y que incluye al jefe de Estado y su entorno familiar más cercano.
El fiscal Jorge García presentó una serie de elementos de convicción ante el juez Johnny Gómez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, en una audiencia en la que participó Paredes, detenida preliminarmente desde el pasado 10 de agosto, y el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina, igualmente detenido por este caso.
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Crimen organizado en Perú
El representante del Ministerio Público mostró en audiencia libretas con anotaciones de presuntos pagos de dinero a integrantes de la supuesta red criminal, entre los que figuraban la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y Medina, como parte de los indicios del delito de organización criminal.
García dijo además que Paredes escenificó su entrega a la Justicia, un día después de que la Fiscalía llegara al Palacio de Gobierno para detenerla, donde no la hallaron las autoridades.
Aseguró que la Policía Nacional tenía información de primera mano de que Paredes estaba en el Palacio de Gobierno, cuando acudieron a detenerla, pero que el edecán de la Presidencia dijo que no se permitiría el ingreso de la Fiscalía hasta que llegasen los abogados del mandatario peruano.
En ese sentido, García afirmó que hubo una obstaculización al cumplimiento de una orden judicial.
"Peligro de fuga"
Posteriormente, prosiguió, el jefe de la casa militar en el Palacio de Gobierno se negó a entregar las imágenes de las cámaras de seguridad, con las cuales la fiscalía pretendía comprobar la presencia de Paredes en ese edificio.
En tal sentido, el fiscal añadió que había un "serio peligro procesal", tanto en el "peligro de fuga", como en el de "obstaculización probatoria" por parte de la demandada.
Por su parte, el abogado de Paredes, José Dionicio Quesnay, declaró que el fiscal había traído "una buena historia de un presunto ilícito, más no la debida teoría del caso de los presuntos delitos para conceder la prisión preventiva".
A pesar de que Paredes había declarado que trabajó y percibía ingresos por una de las empresas beneficiadas con la adjudicación de obras en la región de Cajamarca, de donde procede Castillo y su familia, la primera dama declaró que no desarrollaba ninguna actividad laboral, recordó el fiscal García.
En la audiencia, Paredes respondió al juez que trabajaba de forma independiente y que percibía alrededor de 2.100 soles mensuales.
Aseguró que estaba a disposición de las autoridades y que acaba de recibir su licenciatura en administración de empresas.
Tras la exposición de las partes, el juez suspendió la audiencia hasta el miércoles 24 para continuar con la evaluación del pedido de prisión preventiva presentado igualmente contra el alcalde de Anguía.
