Dos exagentes dominicanos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) fueron acusados de permitir el ingreso ilegal de migrantes a cambio de sobornos, a través del puerto fronterizo de San Ysidro, en San Diego, California.
Los implicados, identificados como Farlis Almonte (38 años) y Ricardo Rodríguez (34 años), presuntamente colaboraban con una red de contrabando humano informando a sus cómplices desde México sobre los carriles y horarios en los que estarían de servicio, permitiendo el paso de vehículos con personas indocumentadas sin registrarlas correctamente.
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Una tercera persona, Kairy Stephania Quiñonez (31 años), residente en Imperial Beach, California, también fue acusada de participar en estas operaciones.
De acuerdo con documentos judiciales citados por The San Diego Union-Tribune, Almonte permitió al menos 45 cruces ilegales y, junto a Rodríguez, recibía miles de dólares por vehículo. Ambos comenzaron a realizar depósitos de efectivo inusuales en sus cuentas: Almonte unos 22,000 dólares y Rodríguez 24,000, entre finales de 2024 e inicios de 2025, tras un largo periodo sin movimientos bancarios significativos.
La investigación se inició en septiembre de 2024, tras testimonios de contrabandistas detenidos que describieron cómo se les indicaba cruzar en carriles específicos, coincidiendo con turnos de los acusados. Las autoridades confiscaron 70,000 dólares en efectivo a Almonte y descubrieron que su pareja intentó mover grandes cantidades de dinero tras su arresto, incluyendo 17,000 dólares en su bolso y otros 50,000 en una unidad de almacenamiento recientemente alquilada.
La fiscalía también presentó cargos por soborno, lavado de dinero y obstrucción de la justicia, además de manipulación de registros oficiales. Las cámaras de vigilancia mostraron vehículos con varios ocupantes, mientras los oficiales reportaban falsamente que solo viajaba el conductor.
El abogado defensor de Rodríguez, Michael Hawkins, destacó que su cliente emigró desde República Dominicana a los 18 años, aprendió inglés, se graduó como ingeniero automotriz y sirvió en la Guardia Nacional. “Tiene derecho a la presunción de inocencia y confiamos en aclarar esta situación”, declaró.
