Lima.- El Tribunal Constitucional (TC) de Perú admitió evaluar una demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y la Fiscalía por las investigaciones que se han abierto a la presidenta Dina Boluarte, informaron este miércoles fuentes oficiales.
El Ejecutivo asegura que las investigaciones judiciales menoscaban el adecuado ejercicio de sus competencias y funciones y la demanda fue admitida luego de que se subsanaran las observaciones que el Constitucional hizo a una primera solicitud presentada en ese sentido, detalló la agencia oficial Andina.
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En concreto, el Ejecutivo subsanó la observación de que la demanda no adjuntaba una autorización expresa de Boluarte para que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, interponga la causa.
Andina precisó que el Ejecutivo adjuntó un acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de enero pasado que corrigió "el error material" en el acta de una sesión del 17 de mayo de 2024.
"Con la subsanación presentada mediante el escrito del visto, corresponde tener por cumplido el elemento subjetivo requerido para la procedencia del proceso competencial", señaló el TC en su resolución de admisión.
El Constitucional dispuso, además, que está resolución sea enviada a los demandados para que se presenten al proceso y contesten dentro de los treinta días útiles siguientes a la notificación.
Adrianzén aseguró anteriormente que esta demanda busca que el TC defina bajo qué circunstancias un jefe de Estado puede ser acusado y recordó que el artículo 117 de la Constitución de Perú señala que, durante su mandato, solo puede ser por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso.
Las críticas del Gobierno a la Judicatura
El primer ministro afirmó el pasado lunes que Boluarte "es víctima de una persecución judicial" que ha llevado a que tenga abiertas once carpetas fiscales "por varias sinrazones".
Adrianzén añadió que existen actores en el sistema judicial "que abusan de las normas para cometer atropellos", aunque aseguró que las críticas a las resoluciones judiciales son un derecho constitucional y, "bajo ningún término", el Gobierno busca intimidar u obstaculizar la acción de la Justicia.
Días antes, Boluarte también criticó la labor de la Justicia y calificó como "carpetas de circo" a las investigaciones preliminares que le ha abierto el Ministerio Público.
"Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de Justicia en el extranjero", declaró.
En respuesta, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, aseguró este martes que Boluarte "debe estar mal asesorada" y que su país requiere "que todos los poderes del Estado estén unidos para hacer frente a problemas mayores".
La presidenta de Perú es sometida a una serie de investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía, entre ellas por las muertes durante las protestas antigubernamentales que se presentaron en el país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Además, por el presunto encubrimiento de la fuga de Vladimir Cerrón, el líder del partido marxista Perú Libre, en el que ella militó hasta 2022, por un presunto abandono de cargo, al haberse sometido a una cirugía a la nariz que mantuvo oculta, y por el uso de relojes y joyas de lujo que no había declarado.
