El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, firmó el decreto en el que "denuncia en todo su contenido" el Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, un instrumento que regulaba un procedimiento simplificado para la obtención de visas y residencias de venezolanos en el país andino.
Ya en agosto pasado la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista, votó a favor de terminar con el Estatuto Migratorio, firmado hace quince años.
La medida fue aprobada entonces gracias a los 86 votos a favor del oficialismo, del conservador Partido Social Cristiano (PSC) y de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La Revolución Ciudadana (RC), movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), en cuyo Gobierno se firmó y ratificó el decreto, se abstuvo.
El correísta Ricardo Patiño, encargado de firmar el acuerdo en 2010, cuando era canciller del Gobierno de Correa, sostuvo durante el debate que la RC no consideraba que el fin del acuerdo sea lo mejor.
Lo ideal, según él, era que estas alianzas se perpetúen para beneficiar a los ciudadanos de ambas partes. "No nos oponemos, pero votaremos en abstención", señaló entonces.
Fue el propio presidente Noboa quien el pasado 11 de marzo solicitó a la Cancillería iniciar el proceso de denuncia del estatuto debido a que, según se sustentó en un decreto ejecutivo, se registraban "suspensiones y recortes de varias fuentes de financiamiento para los programas que apoyan al Ecuador en materia migratoria".
Ecuador es el quinto país con la comunidad venezolana más grande en su territorio, al registrar unas 444.800 personas, después de Colombia, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con un informe publicado en 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Desde el pasado 1 de septiembre, Ecuador exige Visa de Visitante Temporal de Transeúnte a aquellos nacionales de unos cuarenta países -entre ellos Venezuela- a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país.
La implementación de la medida "busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio", apuntó a finales de agosto la Cancillería al anotar que el Gobierno de Ecuador "reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y a la observancia del marco legal vigente".
