English
El Gobierno de Nicaragua canceló este martes la personería jurídica a otras 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, incluida la Asociación Comités de Defensa Sandinista (CDS), con lo que suman más de 3.600 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, y que en su mayoría sus bienes han sido traspasados al Estado.
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral unas diez ONG por incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras cinco porque solicitaron su disolución voluntaria.
Leer: 20 pasajeros del accidentado vuelo de Singapur Airlines se encuentran en cuidados intensivos
Entre las 15 ONG canceladas se encuentra la Asociación CDS, que funcionaba desde los barrios como "ojos y oídos" de la revolución durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).
Los CDS, que solicitaron su disolución voluntaria, fueron reemplazados por los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC), con el retorno al poder del presidente Daniel Ortega, en 2007.
También fueron disueltas la Asociación Nicaragüense de Amistad con la República Popular de China y su Pueblo, la Asociación de Ganaderos de Boaco, la Federación de Cámaras de Exportadores de Nicaragua, entre otras de corte cristiano evangélicas.
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas 15 ONG, suman más de 3.600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
