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Ciudad de México, 29 jun (EFE).- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz, consideró este domingo que el país entrará en un “largo periodo de reformas” al sistema de justicia, con el objetivo de corregir vacíos legales y fortalecer el combate a la delincuencia organizada.
Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad federal, Gertz detalló que ya se ha comenzado con una reconfiguración legal del marco de justicia, tras la reforma de 2024, que propició las primeras elecciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), en las que se eligieron más de 800 cargos por voto popular, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El fiscal explicó que algunas reformas se encuentran en discusión al interior del Congreso, sin precisar cuáles, y que estos cambios buscan transparentar los procedimientos judiciales, ampliar la cobertura institucional y mejorar la capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto.
“Todo lo que salga de aquí en adelante será transparente”, enfatizó.
Las reformas, aseguró, serán graduales y responderán a las necesidades que surjan conforme evolucionen las amenazas del crimen organizado y la demanda social por una justicia más eficaz.
"Vamos a tener que ir haciendo lo que la sociedad va pidiendo, de acuerdo cómo se van moviendo los ataques a la comunidad (...) Yo creo que vamos para un largo periodo de reformas que van a tener que entrar en todos los niveles conforme se vaya necesitando", dijo.
Por su parte, reconoció que las pasadas elecciones de 1 de junio dejaron un sistema judicial democrático, “mucho más abierto y con más capacidad y obligación de rendir cuentas”.
Antes, el fiscal, de la mano del titular del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, presentó los resultados de un operativo conjunto que desmanteló una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la región centro del país.
El operativo, detallaron las autoridades, consistió en acciones simultáneas en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.
Entre los resultados, las autoridades detuvieron a 32 personas y confiscaron 12 inmuebles utilizados como centros de operación criminal, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 14 contenedores tipo tanque, ocho pipas, 48 vehículos, un autobús, 12 motocicletas, 36 armas de fuego, así como una bodega con drogas y medicamentos controlados.
