Washington.- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para Haití, lo que supone un duro golpe para alrededor de medio millón de inmigrantes de ese país que estaban protegidos de la deportación y les otorgaba un permiso de trabajo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el Ejecutivo estadounidense tomó la decisión después de determinar que la situación ambiental en Haití “ha mejorado lo suficiente” para que los ciudadanos haitianos regresen a casa con seguridad.
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El TPS es un amparo que se otorga a los ciudadanos de un determinado país que migran a Estados Unidos por un desastre natural o un conflicto armado, y les permite vivir y trabajar en el país hasta la fecha que el Gobierno estadounidense considere que pueden regresar de manera segura.
En el caso de Haití, cerca de 521.000 ciudadanos de ese país estaban protegidos por el amparo, después de que el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025) ampliara en julio pasado el beneficio hasta 2026.
Pero la secretaria del DHS, Kristi Noem, ya había ordenado en febrero pasado modificar el periodo de extensión otorgado por la administración demócrata, con lo que estableció el próximo 3 de agosto como fecha para la finalización.
El Ejecutivo ha dado un plazo a los beneficiados hasta el 2 de septiembre y los ha alentado a usar los recursos establecidos para autodeportarse.
“Animamos a estas personas a aprovechar los recursos del Departamento para regresar a Haití, que pueden gestionarse a través de la aplicación CBP Home”, indicó.
El TPS protege de la deportación a quienes estén físicamente presentes en EE.UU. al momento de la promulgación, no tengan antecedentes penales y se registren debidamente ante el DHS. También se contempla autorización para viajar en casos de emergencia.
Haití ha sido designado para el TPS varias veces debido a diversas crisis, incluido el devastador terremoto de 2010 y la inestabilidad actual.
Los inmigrantes haitianos ya habían sufrido un duro golpe después de que el Tribunal Supremo permitiera al Gobierno Trump poner fin a la protección legal temporal, conocida como CHNV, que protegía a más de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
