Washington.– El Gobierno de Estados Unidos evalúa una propuesta que reduciría de manera significativa la duración de los visados para estudiantes, periodistas y visitantes de intercambio cultural, según una norma preliminar presentada este miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal.
De acuerdo con el borrador, los visados tipo F (estudiantes) y J (programas de intercambio cultural) tendrán una duración máxima de cuatro años, o menor si el programa lo establece, mientras que los periodistas con visa I dispondrán de 240 días. En todos los casos, se permitirá la solicitud de prórrogas, lo que dará a la administración un mayor control sobre las estancias.
La normativa también introduce cambios importantes: los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de área de estudios una vez dentro del programa, y contarán con solo 30 días para salir del país tras finalizar su formación, en lugar de los 60 que rigen actualmente. En el caso de los estudiantes de inglés, el tiempo máximo de permanencia sería de 24 meses.
Una de las medidas más estrictas afecta a los periodistas provenientes de China, quienes solo tendrán derecho a estancias de 90 días, con posibilidades de prórroga bajo condiciones más rigurosas.
El DHS estima que, durante la próxima década, la implementación de esta normativa supondrá un costo adicional anualizado de entre 390.3 y 392.4 millones de dólares, considerando tanto a solicitantes como a instituciones educativas y programas de intercambio.
La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos durante 30 días antes de avanzar a la siguiente etapa de revisión.
Antecedentes
En 2020, durante su primer mandato, el expresidente Donald Trump impulsó una medida similar que no llegó a entrar en vigor debido al cambio de administración. La semana pasada, su equipo reactivó un proceso para revisar los historiales de más de 55 millones de personas con visas activas, con el fin de detectar posibles violaciones que podrían derivar en revocaciones o deportaciones.
De aprobarse, esta nueva normativa marcaría un cambio de gran impacto en la política migratoria de Estados Unidos, especialmente en sectores académicos, de intercambio cultural y en los medios de comunicación extranjeros acreditados en el país.
