La Habana.- El más reciente informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), confirma "una escalada sostenida y alarmante de la criminalidad en Cuba durante 2025", con incrementos muy significativos en comparación con 2024 y 2023, y con una "expansión particularmente preocupante de los delitos vinculados a la producción, venta y consumo de drogas".
Según el monitoreo realizado por el OCAC, en 2025 se identificaron y verificaron 2.833 reportes de delitos, lo que representa un aumento del 115,11% respecto a 2024 (1.317 reportes) y un incremento del 336,58% en comparación con 2023 (649 reportes). Estas cifras, obtenidas mediante un proceso sistemático de verificación y triangulación de fuentes públicas, "contradicen de manera frontal la narrativa oficial sobre una supuesta disminución de la criminalidad en el país".
"El crecimiento no se limita al volumen total de hechos delictivos, sino que se expresa también en la diversificación del ecosistema criminal y en su mayor impacto social. Los robos continúan siendo el núcleo más voluminoso del delito, con 1.536 reportes en 2025, un 74,55 % más que en 2024 y casi cinco veces más que en 2023, reflejando el grado de precarización material y deterioro del control social no político", precisa el resumen del dossier.
"Durante 2025 se reportaron 437 hechos vinculados a la producción, venta y consumo de estupefacientes, consolidando esta tipología como una de las tendencias más preocupantes del año.
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A pesar de que el homicidio reportado muestra un leve descenso en comparación con años anteriores, el informe subraya que "la criminalidad en Cuba crece en frecuencia, se diversifica y se vuelve socialmente más dañina, con un aumento sostenido del número de víctimas y de personas implicadas en hechos delictivos".
El OCAC advierte que esta expansión del delito no puede interpretarse como una suma de hechos aislados, sino como el resultado de un entramado de causas estructurales (económicas, institucionales, sociales, políticas y culturales) que el Estado cubano no reconoce públicamente y para las cuales no dispone de soluciones eficaces.
"La combinación de colapso económico, empobrecimiento generalizado, debilitamiento institucional, opacidad informativa y ausencia de políticas públicas integrales ha creado un entorno propicio para la normalización de la ilegalidad", dice.
La falta de estadísticas oficiales transparentes y la comunicación selectiva de casos por parte del Gobierno impiden dimensionar con exactitud la magnitud real del fenómeno. En ese sentido, el propio informe subraya que "las cifras presentadas constituyen inevitablemente un subregistro, que refleja solo la parte visible de una crisis de seguridad ciudadana mucho más profunda".
