El Gobierno de Brasil envió a Meta una notificación en la que demanda que se explique, en un lapso de 72 horas, los cambios en la política de 'fact-checking' y 'fake news' que pudieran resultar perjudiciales para grupos vulnerables, informó en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El mandatario detalló que su gabinete se reunió para "discutir los recientes anuncios de Meta y sus implicaciones en Brasil", luego de que el propietario de ese conglomerado de redes sociales, Mark Zuckerberg, comunicara que abandonará las políticas de verificación de información en favor de una estrategia de 'notas de la comunidad' como la que ya rige en X, criticada por especialistas en razón de su insuficiencia para frenar la difusión de noticias falsas y contenido de odio.
En segunda instancia, dijo Lula, se acordó "la creación de un grupo de trabajo del gobierno federal, en consulta con el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad civil, para monitorear el desarrollo de las medidas, fortaleciendo la libertad de expresión sin tolerar la violación de derechos fundamentales".
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"Todas las empresas que operan en el país deben respetar la legislación y jurisdicción brasileña", remató.
Apoyo social y alertas
Según llamara a recordar el ministro jefe de la Procuraduría General de la Unión, Jorge Messias, un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas (IPESPE) a pedido del Observatorio de la Democracia, reveló que 7 de cada 10 brasileños respaldan la eventual regulación de las redes sociales y los servicios de mensajería.
Al mismo tiempo, Da Silva ha expresado sus reservas sobre el manto de impunidad que se tiende en beneficio de quienes utilizan las plataformas digitales para cometer delitos y no reciben sanción alguna.
"Es como si un ciudadano pudiera ser castigado porque hace algo en la vida real y no pudiera ser castigado porque hace lo mismo digitalmente", comparó, en unas declaraciones que ofreciera a propósito del anuncio de Zuckerberg, al que calificó de "gravísimo".
