Río de Janeiro.- Brasil cerró 2025 como uno de los principales actores en la lucha contra el calentamiento global al acoger la COP30, pero, ante los modestos resultados de la conferencia, se comprometió a liderar en 2026 el diseño de un plan para la eliminación gradual de los combustibles fósiles.
Fue la primera cumbre climática de la ONU en la Amazonía, un hecho inédito que ayudó a reforzar la imagen del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como promotor de la transición energética, la bioeconomía y la conservación de los bosques tropicales.
La cita más importante para la sostenibilidad del planeta sirvió también para recordar que Brasil cuenta con una vasta capacidad de energía renovable -con el 88,2 % de su matriz proveniente de fuentes hidroeléctricas, eólicas y solares-, aunque el país sea una potencia petrolera en expansión.
Luego de un año de ‘diplomacia climática’, las negociaciones oficiales en la COP30 dejaron al país anfitrión con un ‘sinsabor’, al excluir compromisos vinculantes sobre deforestación y eliminación de combustibles fósiles.
El impulso político que generó la propuesta de Lula de establecer hojas de ruta para abandonar gradualmente los hidrocarburos, responsables de tres cuartos de las emisiones globales, trastabilló en las discusiones por la oposición de naciones como Arabia Saudí, Rusia e India.
El desafío continúa
Al no lograrse el objetivo por falta de consenso, con más de 80 países apoyando la propuesta del país suramericano y otro tanto oponiéndose, la presidencia brasileña de la COP30 anunció, por iniciativa propia, procesos para la elaboración de dos hojas de ruta en 2026.
Uno de esos planes de acción estará enfocado en la eliminación gradual de los combustibles fósiles, y el otro, en frenar y revertir la deforestación hasta 2030.
Buena parte del proceso se realizará en el marco de tres importantes encuentros previos a la cumbre climática de Turquía (COP31): en Colombia, en Alemania y en una nación insular del Pacífico aún por definir; e incluirá consultas con científicos, gobiernos, la industria y la sociedad civil.
Además, Brasil impulsará el plan de acción para la reducción de las emisiones asociadas a la deforestación, un tema que para los expertos está perdiendo fuerza.
De las 195 naciones que hacen parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, solo 122 cumplieron el compromiso de presentar nuevas metas voluntarias de reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés) más ambiciosas que las anteriores y con plazo de cumplimiento en 2035.
El límite inicial para que los países entregaran sus metas era febrero pasado. No obstante, para finales de septiembre solo 64 naciones habían enviado sus NDC, un número que solo aumentó nueve meses después, en la cumbre de Belém.
Las dos hojas de ruta impulsadas por Brasil, sin embargo, no son vinculantes para la conferencia sobre cambio climático de la ONU y no crean obligaciones para cumplir los objetivos del Acuerdo de París.
Brasil aprueba un plan climático
El Gobierno de Lula aprobó recientemente la hoja de ruta que guiará a Brasil en la implementación de sus compromisos climáticos.
Se trata de una estrategia nacional destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los retos del calentamiento global.
El Plan Clima establece metas ambiciosas, como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los 2.040 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente registradas en 2022 a 1.200 millones de toneladas para 2030, con la intención de seguir disminuyéndolas en 2035.
La estrategia contempla una transformación integral en sectores como el energético, el agrícola y el de transporte, y una de sus prioridades es promover el aumento de fuentes renovables y la disminución progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles.
También incluye políticas para reducir la deforestación en la Amazonía y para impulsar la restauración de ecosistemas y la agricultura sostenible.
Todo esto mientras el Gobierno de Lula avanza en sus planes para ampliar su horizonte de explotación petrolera a una región cercana a la desembocadura del río Amazonas, un proyecto que ha despertado dudas sobre el compromiso medioambiental del país.
