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Miami (EE.UU.),.- Una jueza estadounidense bloqueó temporalmente este domingo los planes del Gobierno del presidente Donald Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades.
La jueza del distrito de Columbia Sparkle L.Sooknanan ordenó al Ejecutivo no deportar durante dos semanas a los niños procedentes de Guatemala, que fueron incluidos en una solicitud de emergencia del Centro Nacional de Derecho Migratorio, para detener su repatriación.
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Según los abogados de los menores, de entre 10 y 16 años, la Administración violó el debido proceso, puesto que los niños tienen casos pendientes ante tribunales de Inmigración, e ignoró las protecciones especiales de quienes cruzaron solos la frontera entre México y Estados Unidos.
En una audiencia por la tarde, la magistrada dijo que era "sorprendente" que el Gobierno esté "intentando sacar del país a menores de edad en plena madrugada durante un fin de semana festivo".
La orden de Sooknanan se produjo cuando varios de los niños ya se encontraban subidos a aviones que los iban a mandar de vuelta a Guatemala, según el representante del Departamento de Justicia, Drew Ensign.
El letrado agregó que el Gobierno desconocía la orden emitida por la jueza a primera hora del domingo cuando estaba trasladando a los menores a los aviones.
Según el medio CNN, la medida aplicaría a 600 niños procedentes de Guatemala que actualmente se encuentran bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).
Datos de la Oficina de la Administración para Niños y Familias, dependiente del HHS, revelan que Estados Unidos tenía bajo custodia a 2.198 menores no acompañados en julio. Sin embargo, no desvela sus nacionalidades.
La mayoría de menores que cruzan la frontera terrestre entre Estados Unidos y México solos proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la ONG 'Save The Children'.
La repatriación supone también un reto para la Administración Trump a la luz del Acuerdo Flores, vigente desde hace tres décadas. Un tribunal federal en Los Ángeles (California) supervisa actualmente la implementación del pacto al que el Ejecutivo estadounidense ha querido poner fin.
El pacto, que se firmó en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores de edad indocumentados por más de 20 días y se les debe garantizar su seguridad y bienestar.
